El juez federal de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez, procesó a la influencer santiagueña Valentina Olguín y ordenó un embargo de cinco millones de pesos en el marco de una causa por contrabando simulado. La joven, de 27 años, está acusada de haber utilizado el CUIT de cinco gobernadores para realizar compras de indumentaria en Estados Unidos, una vez superado su límite personal de adquisiciones en el exterior.
La investigación señala que Olguín, oriunda del barrio Cabildo de Santiago del Estero y residente en Núñez, habría comenzado con esta maniobra en 2022. En una primera etapa habría usado sus propios datos fiscales, luego los de familiares, y finalmente los de los mandatarios provinciales Axel Kicillof (Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
Durante su declaración, la influencer afirmó haber accedido a los CUIT “googleando”, lo que despertó cuestionamientos sobre la seguridad del sistema fiscal argentino. La denuncia fue presentada en noviembre de 2024 por el gobernador Jaldo, quien advirtió que el hecho “no fue obra de una sola persona” y exigió reforzar los controles sobre los datos tributarios sensibles.
Con una importante presencia en redes sociales —más de 400 mil seguidores en Instagram y casi 200 mil en TikTok—, Olguín también desarrolla una carrera musical como solista. En sus inicios formó parte del grupo santiagueño LQmbia y de la movida de cumbia cheta, con temas como “Piel a piel”, “Dime cosas lindas” y “Lejos”.
La estrategia de la defensa
La causa avanzó sin pedido de prisión preventiva, por lo que Olguín continuará en libertad mientras se evalúa un pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) presentado por su abogada, Claudia Paz. Como parte de la propuesta, la joven ofreció realizar tareas comunitarias y disculparse públicamente con Jaldo. Incluso, se habría mostrado dispuesta a ofrecer un show gratuito en Tucumán.
El embargo de $5 millones dispuesto por el juez servirá como garantía mientras avanza el proceso judicial. La causa continúa abierta, y se espera que en las próximas semanas haya definiciones en torno a la postura de los demás gobernadores involucrados.
