La preocupación y la impotencia atraviesan a la comunidad educativa de la Escuela N.º 9 Pablo Lascano, de Estación Simbolar, departamento Banda. Camila Juárez expuso públicamente la difícil situación que atraviesa la institución, donde los reiterados robos dejaron fuera de funcionamiento diez de los 16 equipos de aire acondicionado y, hasta el momento, no hay respuestas concretas que permitan frenar los hechos.

Detrás de cada equipo afectado hay un esfuerzo colectivo. Las familias y la comunidad escolar organizaron beneficios y reunieron fondos para realizar la limpieza y el mantenimiento de los aires acondicionados, con el objetivo de que los alumnos puedan estudiar en condiciones dignas, especialmente frente a las altas temperaturas que caracterizan a Santiago del Estero. Sin embargo, ese sacrificio se ve golpeado por nuevos hechos delictivos que perjudican directamente a los chicos.

“Nosotros los padres hemos recaudado fondos para poder hacer las limpiezas de los aires, para que funcionen como venían funcionando años atrás, pero esta vez se han venido robando los cables, los caños y así sucesivamente”, relató Juárez durante una entrevista radial. Con angustia, insistió en que el pedido de las familias es concreto: seguridad para la escuela y una respuesta urgente de las autoridades.

La situación afecta a unos 380 alumnos que asisten entre los turnos mañana y tarde. De los 16 equipos de aire acondicionado, solamente seis funcionan, mientras que los otros diez quedaron fuera de servicio por el robo de cables, caños de bronce y otros componentes. A esto se suma la preocupación por la sustracción de elementos vinculados al comedor escolar, recursos fundamentales para el funcionamiento cotidiano de la institución.

Pero el problema no se limita a la Escuela Pablo Lascano. Según denunció Camila, los establecimientos educativos ubicados en la misma manzana, entre ellos una escuela secundaria y un jardín de infantes que funcionó hasta el año pasado, también habrían sido afectados por hechos similares. La mujer explicó que quienes ingresan lo hacen por la parte trasera del jardín y desde allí acceden a los techos para sustraer los componentes de los equipos.

La falta de respuestas es otro de los puntos que genera mayor indignación. Juárez señaló que el director de la escuela se presentó ante la Policía para consultar por los avances de la investigación, pero le informaron que el caso continúa bajo investigación y que no hay personas detenidas. La comunidad, mientras tanto, sigue esperando medidas que impidan que los robos se repitan.

“Nosotros ya hemos salido por un medio, también lo hemos hecho público a través de otras redes sociales, pero hasta el momento no tenemos respuesta”, expresó. Y remarcó que la situación se prolonga desde hace años, sin que las familias encuentren una solución definitiva.

A la preocupación por los daños materiales se suma una realidad todavía más delicada: el miedo a reclamar. Camila aseguró que algunos padres no se animan a hablar públicamente ni a participar de manifestaciones porque dependen laboralmente de la comisión municipal y temen las consecuencias de exponerse. Una situación que, según su testimonio, contribuye a que muchos reclamos permanezcan en silencio.

La escuela cuenta con cámaras de seguridad en el frente, pero no en la parte trasera, por donde, de acuerdo con la denunciante, se producen los ingresos. La cercanía con el destacamento policial —ubicado a unas tres cuadras— profundiza el desconcierto de las familias, que esperan que las denuncias se traduzcan en acciones concretas.

¿Quién vela por las escuelas del interior y por los chicos que todos los días asisten a ellas? La pregunta resume el reclamo de una comunidad que se esfuerza por sostener la educación pública, reúne dinero como puede para mejorar las condiciones de sus hijos y hoy ve cómo esos recursos desaparecen sin obtener una respuesta que le devuelva tranquilidad.

La responsabilidad de garantizar la seguridad y el funcionamiento de los establecimientos requiere respuestas de las autoridades competentes, tanto policiales y judiciales como educativas. Mientras se aguardan avances en la investigación, los alumnos continúan necesitando espacios adecuados para aprender y las familias, garantías de que el esfuerzo que realizan no volverá a ser destruido.

“Nosotros lo que pedimos es seguridad para nuestra escuela y que tengamos respuesta lo más antes posible”, concluyó Camila Juárez. Una petición sencilla, pero urgente, que pone en el centro una cuestión fundamental: proteger una escuela es también proteger a los chicos, a sus familias y el derecho a estudiar en condiciones dignas.