El analista político Enrique Hisee reflexionó sobre los límites éticos del poder, la corrupción y los intereses económicos que pueden sostener sistemas injustos, incluso cuando se presentan como mecanismos para resolver conflictos sociales. A partir de una serie televisiva y una parábola sobre el rescate de bebés en un río, planteó un interrogante central: ¿hasta dónde se puede justificar el mal con el argumento de evitar un mal mayor?

Durante su intervención, Hisee tomó como punto de partida la serie estadounidense El alcalde de Kingstown, que retrata una ciudad atravesada por el sistema penitenciario, las mafias, el narcotráfico y la corrupción. En ese escenario, el protagonista actúa como un mediador informal entre distintos sectores enfrentados y utiliza sus contactos, secretos y negociaciones para evitar que los conflictos se agraven.

Para el analista, esta historia permite reflexionar sobre una sociedad en la que el poder formal y el informal se entrecruzan, mientras que las prácticas ilegales y los intereses económicos pueden terminar condicionando las decisiones y consolidando las mismas injusticias que se pretende resolver.

Hisee advirtió que, en determinadas circunstancias, las acciones destinadas a evitar conflictos inmediatos pueden terminar legitimando un sistema injusto. De esta manera, señaló que resolver las consecuencias de un problema no necesariamente significa eliminar sus causas.

Resolver las consecuencias o atacar las causas

Para explicar esta contradicción, el analista recurrió a una parábola sobre una pareja que encuentra bebés flotando en un río y comienza a rescatarlos. Con el tiempo, la cantidad de niños aumenta y se organiza una estructura solidaria con personal médico, rescatistas y trabajadores encargados de alimentarlos, vestirlos y encontrarles un hogar.

La iniciativa crece hasta convertirse en un sistema de instituciones que necesita recursos económicos y genera puestos de trabajo. Sin embargo, nadie se pregunta inicialmente por qué los bebés llegan al río.

Cuando los fondos comienzan a escasear, surge la posibilidad de reducir la cantidad de rescates. Frente a esa situación, algunos integrantes de la organización proponen remontar el río para descubrir el origen del problema, mientras que otros se oponen porque solucionar la causa podría dejar sin trabajo a quienes viven de esa estructura.

A partir de esta historia, Hisee planteó que muchas veces los intereses económicos pueden llevar a sostener las consecuencias de una problemática en lugar de trabajar para erradicarla.

La disputa, según su reflexión, se encuentra entre quienes buscan transformar las condiciones que originan los conflictos y quienes prefieren mantener un sistema que, aunque injusto, garantiza su sustento económico.

La inseguridad y la industria del miedo

El analista trasladó este planteo al problema de la inseguridad. Señaló que el delito genera una industria vinculada con la seguridad privada, las cámaras de vigilancia, los sistemas de protección y los dispositivos destinados a reforzar el aislamiento de las personas.

En ese contexto, propuso analizar si es posible erradicar la inseguridad cuando existen sectores económicos e instituciones que crecen alrededor de sus consecuencias.

La reflexión también alcanzó al funcionamiento de las fuerzas de seguridad y a los vínculos que pueden establecerse entre quienes deben combatir el delito y los propios delincuentes. Hisee planteó la necesidad de examinar los límites de esas relaciones y los riesgos de que determinadas prácticas, justificadas por su supuesta eficacia, terminen reproduciendo los problemas que deberían resolver.

Un interrogante sobre el poder y la sociedad

A lo largo de su análisis, Hisee puso en discusión la posibilidad de que la crueldad, la corrupción y la avaricia no sean solamente conductas individuales, sino también prácticas que pueden incorporarse al funcionamiento de determinados sistemas.

Su planteo apunta a cuestionar una lógica en la que se administran los conflictos sin modificar las condiciones que los producen. Bajo esa perspectiva, una solución inmediata puede evitar un daño mayor, pero también contribuir a perpetuar una estructura injusta si no existe una voluntad real de transformación.

La pregunta que atraviesa su reflexión es hasta dónde pueden justificarse determinadas acciones en nombre de un bien superior y en qué momento esas decisiones dejan de ser una solución para convertirse en una forma de sostener el problema.

En definitiva, el analista propuso mirar más allá de las respuestas inmediatas y preguntarse quiénes se benefician de los conflictos, qué intereses intervienen en su administración y qué posibilidades existen de atacar sus causas. Un debate que invita a pensar no solo en cómo resolver las crisis, sino también en la responsabilidad social y política de transformar las estructuras que permiten que se repitan.