En el marco de un escenario de debate a nivel nacional, el proyecto de ley de discapacidad impulsado por el Gobierno genera inquietud en distintos sectores. En diálogo con el programa Mañana Fantástica, la licenciada en Fonoaudiología y referente en discapacidad, Camila Toledo, analizó los principales puntos de la iniciativa y sus posibles consecuencias.
Toledo señaló que la propuesta, ingresada al Senado el pasado 17 de abril bajo el título de “fraude en pensiones”, incluye medidas de fuerte impacto. “Es un título capcioso, porque propone dos cosas bien importantes: derogar la Ley de Emergencia en discapacidad y desregular el nomenclador único, es decir, atentar contra la Ley 24.901, que es el sistema de prestaciones básicas”, explicó.
En ese sentido, remarcó la importancia de la actual Ley de Emergencia en discapacidad, vigente desde febrero, al considerarla “un paraguas” que busca sostener un sistema que atraviesa una situación crítica. “Ha sido tan peleada y visibilizada. Viene a sanear un poco un sistema que ha ido desmejorando con los años”, sostuvo.
Respecto al cambio de enfoque que plantea el proyecto, Toledo advirtió sobre una posible regresión en materia de derechos. “Lo que se propone es volver a ver al sujeto en situación de vulnerabilidad como alguien que no puede aportar, cuando en realidad la discapacidad también está en las barreras de la sociedad”, afirmó.
Uno de los puntos más cuestionados es la incompatibilidad entre pensión y trabajo. “La pensión viene a ser un complemento que garantiza una calidad de vida mínimamente digna. Volverla incompatible es obturar el deseo de las personas de ingresar al trabajo”, expresó. Además, recordó que cerca del 90% de las personas con discapacidad no acceden al empleo, y quienes lo hacen suelen hacerlo en condiciones desiguales impactando en su sueldo.
En relación a los beneficios vigentes, Toledo explicó que la ley actual también establece la actualización mensual del nomenclador según el índice de inflación, aspecto que se vería afectado. “Es lo que más les está costando sostener”, indicó.
Otro aspecto que genera preocupación es el reempadronamiento obligatorio para los beneficiarios. “Implica volver a atravesar procesos burocráticos complejos, con demoras y exigencias que ya fueron cumplidas. Ha habido situaciones de deshumanización en el trato hacia las personas”, cuestionó.
Finalmente, advirtió sobre las posibles consecuencias en el acceso a tratamientos y prestaciones. “El nomenclador es algo bien sensible. Regula todas las prestaciones del sistema, desde terapias hasta transporte. Su eliminación impactaría directamente en la atención de las personas con discapacidad”, concluyó.
