A través del decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial días atrás, el Gobierno reglamentó la reforma laboral y con ello fijó los alcances de aspectos claves sobre los convenios colectivos, el rol de los sindicatos, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el pago de las indemnizaciones, entre otros puntos.
Desde la CGT remarcaron que “el objetivo claro es desfinanciar las estructuras sindicales para avanzar más fácilmente sobre los derechos adquiridos” y que desde el Gobierno “persiguen un fin ideológico de debilitar a los sindicatos para que los empresarios puedan avanzar con un modelo de flexibilización”. Lo que observan con preocupación, además de la pérdida de derechos, es el debilitamiento del rol de los sindicatos de forma integral.
Sobre este punto, también hicieron hincapié en la doble vara del Gobierno a la hora de cumplir con las leyes. “Si ellos no cumplen la ley universitaria, ¿por qué vamos a acatar una ley con semejante impacto negativo?”, se cuestionaron.
Las críticas a Milei llegaron al plano internacional, en el marco de la participación de la CGT en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, Suiza. Allí, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, presentó una denuncia contra el Gobierno argentino por incumplir normas internacionales que regulan el mundo del trabajo llevar adelante un desmantelamiento sistemático de los derechos laborales y de las instituciones vinculadas al trabajo”.
En su exposición, sostuvo que la administración nacional busca transformar de manera profunda el sistema de relaciones laborales, partiendo de la idea de que “las protecciones laborales son un obstáculo para el crecimiento económico”. Asimismo, enumeró distintos avances contra los derechos de los trabajadores que abarcan desde “la degradación del antiguo Ministerio de Trabajo a Secretaría, los despidos de personal especializado y la reducción del 29% de la planta de la Administración Pública Nacional centralizada entre fines de 2023 y febrero de 2026”.
Este escenario alimenta las expectativas sobre las posibles medidas de fuerza que puedan adoptarse frente a una situación cada vez más compleja para los trabajadores, agravada por el rumbo económico del Gobierno y por iniciativas concretas como la Ley Bases, la reforma laboral y la creciente criminalización de la protesta social.
Según el monitor mensual de Fundar, basado en cifras oficiales del INDEC, desde que asumió Milei cerraron más de 24 mil empresas. Por su parte, un estudio del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), junto a UBA Económicas, reveló que en el mismo período perdieron casi 300 mil puestos de trabajo, en un contexto donde se profundiza el pluriempleo, la informalidad, baja el consumo y crece la morosidad.
Desde la CGT anticiparon que en los próximos días se llevará a cabo una reunión del Consejo Directivo con todos los sectores productivos para hacer un diagnóstico del presente y construir una estrategia de lucha. “Tenemos que generar una resistencia contra este modelo. El Gobierno no cumple con sus obligaciones y no está abierto al diálogo. Tenemos que dar la pelea en los ámbitos institucionales y en los distintos sectores”, afirmó un dirigente gremial.
En cuanto a la posibilidad de convocar a un nuevo paro general, que sería el quinto desde la asunción de Javier Milei, resaltaron que “nunca se descarta y siempre está latente”, aunque reconocieron que “hay que seguir construyendo consensos para lograr la contundencia suficiente”.
“Necesitamos que todos los sectores estén de acuerdo. También hay otras formas de hacerle saber al Gobierno que no estamos dispuestos a que nos avasallen”, enfatizaron. Y agregaron: “Hay que ser creativos, más allá de ciertas acciones y métodos tradicionales, hay muchas formas de tener visibilidad y hacer sentir el descontento”.
“La realidad es que hay cosas que este Gobierno no va a cambiar porque es el rumbo que eligieron. Tenemos que trabajar para construir una alternativa”, sintetizaron.
Por último, confirmaron que se encuentran ultimando los detalles para presentar un índice propio de inflación, una iniciativa que vienen desarrollando junto con la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según precisaron a este medio, también buscan incorporar a la Universidad Católica Argentina (UCA) y a economistas de distintos espacios. El objetivo es lanzar la medición durante el mes de julio.
