Hady Luna y Patricia Núñez, integrantes del espacio UCR Mujeres, expresaron su preocupación por el proyecto de ley sobre falsas denuncias que fue impulsado por la senadora Carolina Losada y que busca modificar el Código Penal para endurecer las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en casos de violencia de género, delitos sexuales y violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Durante una entrevista con Mañana Fantástica, ambas profesionales cuestionaron la iniciativa y advirtieron sobre el impacto que podría tener en las víctimas de violencia si finalmente prospera en el Congreso.
Luna explicó que, si bien el tratamiento del proyecto fue retirado por el momento, eso no significa que no pueda volver a obtener estado parlamentario. En ese sentido, señaló que existe preocupación entre organizaciones y espacios que trabajan en el acompañamiento a víctimas.
“Las falsas denuncias ya están tipificadas en el Código Penal. Quien incurre en ese delito tiene consecuencias legales. Lo que este proyecto busca es seguir revictimizando a las víctimas de violencia”, sostuvo.
La profesional remarcó que en Argentina existe un subregistro de los casos de violencia, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo, vergüenza, dependencia económica, baja autoestima o falta de confianza en las instituciones.
“Salir del círculo de la violencia cuesta mucho. Muchas veces las víctimas tardan años en reconocerse como tales y en animarse a denunciar”, afirmó.
Además, explicó que numerosos procesos judiciales no concluyen con una condena por razones procesales, prescripción o falta de pruebas suficientes, lo que no implica necesariamente que la denuncia haya sido falsa.
“Si este proyecto prospera, muchas víctimas podrían dejar de denunciar por temor a ser acusadas de una falsa denuncia. La justicia tiene que proteger a las víctimas, no expulsarlas ni intimidarlas”, enfatizó.
“Las leyes generan cultura”
Por su parte, Patricia Núñez manifestó que el espacio UCR MUJERES, con representación en distintas provincias, resolvió rechazar la iniciativa luego de un amplio debate interno junto a otras organizaciones de mujeres.
“Creemos que este proyecto no coincide con los principios de igualdad, acceso a la justicia y equidad que defendemos. Las leyes generan cultura y este tipo de propuestas instala un prejuicio sobre quienes denuncian situaciones de violencia”, expresó.
Núñez consideró que el sistema judicial ya cuenta con herramientas para determinar cuándo una denuncia es falsa, por lo que no resulta necesario promover una legislación que, a su entender, podría desalentar el acceso a la justicia.
“No necesitamos producir una nueva idea que atente contra la víctima de violencia. Si esta ley prospera, instala para la sociedad y para la justicia un prejuicio sobre quien denuncia”, afirmó.
La referente también destacó la participación de las mujeres dentro de la Unión Cívica Radical y reclamó una mayor presencia en los espacios de toma de decisiones.
“Las mujeres hemos sostenido históricamente el trabajo político, las campañas y la participación partidaria. Pero muchas veces seguimos reclamando mayor representación en los lugares donde se definen las políticas”, indicó.
El impacto en las víctimas y sus familias
Luna vinculó el debate con la realidad de la violencia de género y recordó las cifras difundidas por el Observatorio Adriana Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro.
“Entre enero y julio de este año hubo 142 femicidios y 300 intentos de femicidio. Son números alarmantes que deberían interpelarnos como sociedad”, señaló.
La psicopedagoga sostuvo que la violencia de género no afecta únicamente a la víctima directa, sino también a todo su entorno familiar.
“Detrás de cada femicidio quedan hijos sin madre, madres sin sus hijas, hermanas, sobrinas y familias completamente desmembradas. Por eso el Estado tiene la enorme responsabilidad de proteger y acompañar a las víctimas”, concluyó.
Ambas profesionales coincidieron en que el debate sobre las falsas denuncias no debe invisibilizar las dificultades que enfrentan quienes sufren violencia para acceder a la justicia y sostuvieron que cualquier reforma legal debe fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento, evitando nuevas formas de revictimización.
