El oficialismo se prepara para llevar al recinto -por quinta vez- el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el próximo 6 de agosto. Luego del cuarto intermedio solicitado por La Libertad Avanza tras un nuevo intento fallido de aprobar la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, el Gobierno todavía no logra asegurarse los votos para avanzar con uno de sus puntos más controvertidos: la reforma de la Ley de Tierras, que elimina los límites vigentes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellos el tope del 15% del territorio nacional, provincial y municipal establecido por la legislación actual.
El tiempo jugó a favor de la oposición, que ya comenzó a elaborar una estrategia para visibilizar los efectos de la extranjerización de la tierra, al tiempo que comenzaron a organizarse movilizaciones al Congreso para el día de su tratamiento. Organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas y sindicales marcharán el jueves de la semana próxima para rechazar la iniciativa.
Además, las internas provinciales comienzan a tener cada vez más peso a la hora de contabilizar los votos. La semana pasada, Patricia Bullrich se reunió con Federico Sturzenegger para cerrar la letra de los cambios al dictamen —que ya llegó a su versión número 15—. Al finalizar el encuentro, la senadora evitó responder si los votos estaban asegurados. “Ahora están de vacaciones, pero venimos bien”, se limitó a responder al ser consultada por la prensa.
La Libertad Avanza nunca estuvo holgado a la hora de hacer el conteo para modificar la Ley de Tierras. De hecho, eso explica la cantidad de cambios que el ministro desregulador tuvo que aceptar sobre el texto original.
En el último intento antes de pasar al cuarto intermedio, el oficialismo contabilizaba 35 votos y mencionó especialmente dos ausencias durante la sesión: la del correntino Carlos “Camau” Espínola y la de María Victoria Huala, del PRO, que se encontraba de licencia por maternidad. Sin ellos, no tenían certezas de alcanzar la media sanción.
El problema es que, con el correr de los días, también se profundizó una interna en Misiones que tiene consecuencias directas sobre el desenlace de la votación. El exgobernador Carlos Rovira y el gobernador, Hugo Passalacqua, atraviesan una fuerte disputa política de cara a las elecciones de 2027. La pelea ya tuvo efectos en la Legislatura provincial con el quiebre del Frente Renovador para la Concordia y también comienza a repercutir en el Congreso Nacional.
Durante la gestión de Javier Milei, los representantes misioneros acompañaron prácticamente todas las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. Sin embargo, la disputa entre Rovira y Passalacqua empezó a condicionar el poroteo en el Senado. Según reconstruyen distintas fuentes parlamentarias a C5N, hoy Carlos Arce aparece más cercano a Rovira, mientras que Sonia Rojas Decut mantiene una posición más próxima a Passalacqua. Ese escenario, sin embargo, sigue siendo dinámico.
Passalacqua bajó la línea de rechazar la modificación de la Ley de Tierras. En ese sentido, el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad ya anticipó públicamente su voto negativo al proyecto que permitiría flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros.
“No podemos hipotecar el futuro de Misiones”, aseveró y agregó: “Hoy hay un gobernador que cuida a la producción. Después no sabemos quién vendrá y de qué será capaz”.
El peso político de Misiones también se explica por la realidad territorial de la provincia. Según el Observatorio de Tierras, es la jurisdicción con mayor porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras del país: el 11,29%, unas 325.750 hectáreas. Aunque el porcentaje provincial se mantiene por debajo del límite del 15% establecido por la ley vigente, el escenario cambia a nivel departamental: seis departamentos superan ese tope y en Iguazú la extranjerización alcanza cerca del 40% de la superficie rural.
La cuenta es tan milimétrica que la propia Patricia Bullrich concedió una entrevista a un medio misionero para intentar llevar tranquilidad sobre el proyecto. Allí hizo especial hincapié en el doble control previsto por el último borrador: las provincias deberán autorizar la operación y luego será el Estado nacional quien otorgue la aprobación definitiva. Justamente a ese punto hacía referencia Herrera Ahuad cuando advirtió que hoy puede haber un gobernador con una determinada posición, pero nadie sabe quién ocupará ese lugar en el futuro. De aprobarse la iniciativa, los mandatarios provinciales pasarán a tener un rol determinante en la autorización de las ventas.
No obstante, no sólo será cuestión de evaluar cómo votarán los misioneros. El presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, mantiene conversaciones con los senadores radicales para pedirles que rechacen la reforma. La postura ya había quedado plasmada durante la última sesión, cuando el partido difundió un comunicado bajo el lema: “La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra”. Si bien el Gobierno nunca contó con los diez votos del radicalismo dentro de su poroteo, cualquier nueva deserción puede terminar de complicar una aritmética que ya luce extremadamente ajustada.
El rechazo excede al Senado
La resistencia al proyecto ya dejó de limitarse al plano parlamentario. En los últimos días comenzaron a multiplicarse los pronunciamientos públicos contra la iniciativa, tanto desde organizaciones sociales y ambientales como desde la propia Iglesia Católica.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social cuestionó el proyecto al advertir que “la tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico” y sostuvo que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”. Además, alertó que la reforma “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.
La opinión pública también juega
A ese escenario se suma otro dato que podría preocupar al oficialismo: el rechazo social a la flexibilización de la compra de tierras por parte de extranjeros.
El primer sondeo realizado por la consultora Zuban&Córdoba sobre el tema mostró que el 77% de los argentinos está de acuerdo con mantener límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, mientras que el 16,7% se manifestó en desacuerdo y el 6,3% respondió que no sabe.
Ese diagnóstico también empezó a ser compartido dentro del Senado. Cerca de Victoria Villarruel sostienen que se trata de “un proyecto con escasísimo sostén en la opinión pública”, una evaluación que podría influir sobre legisladores que todavía no terminaron de definir su voto.
