La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el ex fiscal Carlos Albaca, quien fue sentenciado a seis años de prisión por encubrir el crimen de Paulina Lebbos en 2006 en la provincia de Tucumán. Se trató del último recurso de apelación que tenía el acusado, motivo por el cual debe cumplir la pena establecida.

Este jueves se declaró inadmisible la queja presentada por la defensa de Albaca, liderada por su abogado Juan Macario Santamarina, por lo que de este modo la condena quedó firme, supo la agencia Noticias Argentinas.

En diciembre de 2021 el ex fiscal fue condenado a seis años de cárcel por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Aun así, recién estuvo tras las rejas en mayo de 2023 en el penal de Villa Urquiza, aunque en 2024 se le otorgó la prisión domiciliaria.

La presencia de Albaca en la causa sucedió luego de que se quite de la investigación por el crimen de la joven al entonces fiscal Alejandro Noguera, quien fue registrado saliendo de la casa del gobernador José Alperovich, uno de los señalados detrás de la pesquisa por su posible involucramiento, según reclamó la querella.

Estuvo siete años, en los cuales la causa quedó estancada. El medio Tendencia de Noticias recordó que en ese lapso hubo movimientos extraños como, por ejemplo, que él y su secretario eran los únicos que tenían la copia del expediente, así como también que envío tarde a peritar los pelos hallados en el cuerpo de la víctima, por lo que los expertos le comunicaron que estaban degradados, lo que derivó en que no se pueda saber a quién pertenecían.

Su desplazamiento ocurrió cuando se determinó que no realizó los cruces de llamados telefónicos, por lo que se le otorgó el puesto al fiscal Diego López Ávila. Esta medida se logró luego de que la Nación haya enviado un veedor para detectar las falencias de la causa.

En estos 20 años, se llevaron a cabo varios juicios donde se condenó a nueve involucrados por el delito de encubrimiento, pero hasta el momento el crimen de la joven estudiante todavía está impune luego de que en mayo de este año la Justicia haya absuelto a los dos acusados, uno de ellos el ex novio de la víctima.

Los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica absolvieron a Víctor César Soto y Sergio Kaleñuk al basarse que las pruebas presentada por la fiscalía no alcanzaron el nivel de certeza necesario para dictar una condena.

Soto era el más complicado. La acusación apuntaba a que estranguló a su novia en su casa el 26 de febrero de 2006 y descartó el cuerpo, el cual fue hallado 11 días después en la Ruta 341, a la altura del kilómetro 3.

La Fiscalía de Instrucción de Vigésima Séptima Nominación de Córdoba solicitó la elevación de juicio contra 32 imputados por los delitos de estafa y asociación ilícita, maniobras que fueron realizadas durante la pandemia de Covid-19 cuando se hacían pasar por empleados del Estado Nacional.

En el expediente se les atribuye haber conformado una organización destinada a cometer delitos indeterminados, que eran perpetradas a partir de llamados efectuados por internos desde el establecimiento carcelario de Bouwer, quienes simulando ser personal de Anses u otros organismos del Estado, inducían a error a los interlocutores –que en su mayoría eran residentes de diferentes localidades de Río Negro- haciéndoles creer que se les abonaría una suma dineraria en concepto de Reparación Histórica o Ingreso Familiar de Emergencia otorgado con motivo de la pandemia.

En la investigación se pudo establecer que en los llamados los acusados inducían a la víctima a que concurran a un cajero automático donde debían seguir los pasos que le indicaban, los que, en realidad, conducían a efectuar operaciones cuyos alcances no alcanzaban a comprender o a gestionar préstamos en sus cuentas bancarias desde donde luego se transfería el dinero a las cuentas que eran puestas a disposición por otros colaboradores desde el exterior del establecimiento.

De este modo, según expuso el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, se lograba obtener el beneficio económico ilegítimo.

Del total de los imputados, 13 se encuentran privados de su libertad, a la vez que a cuatro de las imputadas se les confirió la modalidad de prisión domiciliaria en atención a las particulares circunstancias familiares que se acreditaron.

Asimismo, se destaca en el comunicado que dos de los detenidos ya se encontraban cumpliendo condena.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin certificado.

Según el comunicado de Adorni en su cuenta de X al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, a partir del próximo viernes 19 de junio, los usuarios beneficiarios podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.

Los interesados deberán realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE, permitiendo que los validadores de los accesos reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.

De acuerdo a la explicación del jefe de Gabinete en su cuenta de X, la nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual que tiene el transporte público.__