En su columna en Mañana Fantástica, el médico psiquiatra Gastón Noriega y Néstor Medina, director de un centro de salud mental, analizaron el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, los cambios que propone la iniciativa impulsada por el Gobierno y los aspectos que generan debate entre los profesionales del sector.
La propuesta enviada al Senado contempla modificaciones en los criterios de diagnóstico, las condiciones para las internaciones y el modelo de atención destinado a las personas con padecimientos mentales.
Al respecto, Medina explicó que la Ley de Salud Mental es la normativa que regula el trabajo de todos los profesionales del área y que, desde su sanción, impulsó un cambio profundo en la forma de abordar estas problemáticas.
“La Ley de Salud Mental es la normativa que nos rige en cuanto al ejercicio profesional de quienes trabajamos en el área. Representa un nuevo paradigma a partir del cual se han desarrollado distintas políticas para adecuar los servicios a esta perspectiva. Hoy existe un intento de reforma que se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación”, señaló.
Los especialistas recordaron que antes de la sanción de la Ley 26.657 predominaba un modelo centrado en la internación y en el control judicial de los pacientes. En cambio, la normativa vigente propone una mirada integral basada en los derechos humanos y en la inclusión social.
“La legislación anterior priorizaba el encierro y el control judicial. La ley sancionada en 2010 vino a mostrar otra forma de asistencia, reconociendo los derechos humanos de las personas, incluso de aquellas que atraviesan un padecimiento mental. Nos plantea una nueva mirada: las personas tienen derecho a vivir en la comunidad y la asistencia debe tener una base comunitaria”, sostuvo Medina.
Asimismo, destacó que la ley amplió la participación de distintas disciplinas en el abordaje de la salud mental, dejando atrás la idea de que la resolución de estos problemas depende exclusivamente de la psiquiatría.
“Se abre un abanico de posibilidades para incorporar otras disciplinas. No solo intervienen la psiquiatría y la psicología, sino también el trabajo social, la enfermería, la terapia ocupacional, la educación para la salud y otras áreas. Además, la salud mental no puede ser abordada únicamente por el Ministerio de Salud, porque está atravesada por factores sociales, económicos, educativos y políticos que requieren la participación de distintos organismos del Estado”.
Al ser consultados sobre el financiamiento previsto en la Ley Nacional de Salud Mental, que establece una asignación progresiva de hasta el 10% del presupuesto total de Salud para el área, un objetivo que nunca llegó a cumplirse plenamente.
En ese sentido, Néstor Medina explicó que la falta de recursos ha dificultado la implementación integral de la normativa. Según indicó, esta situación explica por qué todavía existen instituciones manicomiales en distintas provincias del país.
“Algunas jurisdicciones lograron reconvertir esos hospitales y transformarlos en centros de atención más polivalentes, pero la falta de financiamiento impidió concretar la sustitución definitiva que plantea la ley. Tampoco se pudieron desarrollar todos los dispositivos alternativos de base comunitaria necesarios para brindar otro tipo de asistencia a los pacientes”, afirmó.
Para Medina, este es uno de los puntos centrales de la discusión en torno a la reforma impulsada por el Gobierno.
“Si bien la propuesta se presenta con buenas intenciones, entendemos que su consecuencia final será una mayor desfinanciación del sistema de salud mental”, sostuvo.
Por otra parte, los profesionales se refirieron a las dificultades que persisten en la aplicación de la ley vigente. Al respecto, Medina consideró que más que una deuda de la normativa, existe una falta de implementación efectiva.
“No creo que la ley tenga una deuda en sí misma. Lo que falta es su implementación plena, y eso depende de decisiones políticas y de la asignación de recursos. La reforma no resolverá los problemas de la salud mental en el país; por el contrario, podría profundizarlos. La discusión debería centrarse en cómo garantizar el cumplimiento de la ley vigente y no en modificarla”.
“La salud mental es una epidemia: en vez de pensar en una reforma, deberíamos pensar en una ley de emergencia para la salud mental”, concluyó.
