Un violento episodio de inseguridad sacudió a la localidad bonaerense de Beccar, en el partido de San Isidro, donde tres delincuentes ingresaron a una vivienda de un barrio cerrado, robaron dinero y objetos de valor y privaron de su libertad a Tomás Makintach, de 47 años, hermano de la exjueza Julieta Makintach.

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 3.34, en el complejo residencial Ovejitas I, ubicado sobre la calle Tomás Guido al 2500, en inmediaciones del barrio La Cava. Según la reconstrucción inicial, los asaltantes ingresaron por la parte trasera de la propiedad y permanecieron en el lugar durante aproximadamente 45 minutos.

Durante el robo, los delincuentes se apoderaron de mil dólares, unos 800 mil pesos que fueron transferidos mediante una billetera virtual, dispositivos electrónicos y otros elementos de valor.

Luego, obligaron a la víctima a subir a su camioneta Ford Kuga y escaparon del barrio con él a bordo. El cautiverio terminó minutos después, cuando Makintach logró arrojarse del vehículo en movimiento y ponerse a salvo. Tras esa maniobra, los asaltantes continuaron la fuga en dirección al barrio San Cayetano.

INVESTIGAN EL ACCIONAR DE LOS VIGILADORES

Uno de los aspectos centrales de la causa es el desempeño del personal de seguridad privada del barrio cerrado. De acuerdo con las primeras informaciones, aproximadamente media hora antes del asalto, efectivos policiales y agentes municipales se habían acercado al perímetro tras recibir el aviso de una vecina que alertó sobre la presencia de personas en los techos.

Sin embargo, los vigiladores habrían impedido el ingreso de los uniformados al predio. La situación quedó bajo análisis luego de que trascendiera que, tras el robo, los mismos custodios permitieron la salida de la camioneta en la que escapaban los delincuentes con la víctima.

Esta secuencia generó interrogantes sobre los protocolos de seguridad del complejo y sobre las razones por las que no se habría facilitado el acceso de la Policía ante la alerta previa.

BUSCAN IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES

La investigación judicial apunta a reconstruir los movimientos de los asaltantes, establecer cómo ingresaron y escaparon del lugar e identificar a todos los integrantes de la banda, cuyos miembros tendrían entre 18 y 25 años, según los primeros datos difundidos.

La fiscalía cuenta con registros de cámaras de seguridad municipales que podrían aportar información relevante para determinar la ruta de fuga y esclarecer las circunstancias del hecho.

También se busca establecer si existieron fallas en el operativo de seguridad interna y si corresponde atribuir responsabilidades al personal que se encontraba de servicio durante el asalto.

Mientras avanzan las diligencias, el caso mantiene la atención sobre el funcionamiento de los controles en los barrios cerrados y la coordinación entre los vigiladores privados y las fuerzas de seguridad ante situaciones de emergencia.