La nueva iniciativa del Gobierno nacional para reducir la cantidad de empleados públicos comenzó a generar cuestionamientos dentro de sus propias filas. Aunque la administración de Javier Milei mantiene su política de reducción del Estado, funcionarios de distintos ministerios y organismos advierten sobre las dificultades que provoca la falta de personal para sostener las tareas de gestión.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las sucesivas etapas de despidos impulsadas desde el inicio de la gestión libertaria no tuvieron siempre la misma recepción dentro del oficialismo. Durante 2024, las cesantías eran defendidas por referentes del Gobierno como una medida necesaria para achicar la estructura estatal. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos funcionarios comenzaron a manifestar preocupación por las consecuencias de los recortes.

Las dificultades operativas y el deterioro de los salarios aparecen entre los principales motivos de malestar. De acuerdo con el reporte, distintos responsables de áreas gubernamentales señalan que la reducción de las plantillas complicó el cumplimiento de las tareas cotidianas, mientras que los ingresos de los trabajadores perdieron capacidad adquisitiva.

Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su disconformidad con la situación salarial y sostuvo que no se pueden exigir determinados resultados cuando los empleados perciben remuneraciones insuficientes. Tras reclamar mejoras para su equipo, decidió dejar su cargo y regresar al sector privado.

UN NUEVO RÉGIMEN PARA REDUCIR LA PLANTA ESTATAL

En este escenario, el régimen de retiro voluntario anunciado por el Ejecutivo también despertó cuestionamientos entre sectores del oficialismo. Según el informe, algunos funcionarios consideran que la medida podría profundizar los problemas de personal que ya afectan a distintas dependencias públicas.

Las críticas apuntan, entre otros aspectos, al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la reducción de la estructura estatal. La iniciativa se suma a los recortes aplicados desde diciembre de 2023.

Los datos del INDEC citados en el reporte indican que, para agosto de 2026, la dotación de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado se ubicó en 269.025 trabajadores. La cifra representa una reducción superior a los 74.000 puestos en comparación con diciembre de 2023.

QUÉ ESTABLECE EL DECRETO

El nuevo régimen quedó formalizado mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial, según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas.

La normativa establece un sistema de retiro voluntario destinado al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado.

La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, será la autoridad encargada de implementar el programa. Entre sus facultades se encuentra la posibilidad de prorrogar, por única vez y hasta un máximo de 30 días corridos, el plazo para adherirse al régimen, además de dictar las disposiciones necesarias para su aplicación.

El decreto también dispone que los organismos alcanzados deberán adoptar las medidas correspondientes para eliminar los cargos presupuestarios de los trabajadores que se incorporen al retiro voluntario, una vez que se concrete el cese de la relación laboral.

De esta manera, el Gobierno avanza con una nueva herramienta para disminuir la cantidad de empleados estatales. Sin embargo, la iniciativa abre interrogantes dentro de la propia administración sobre el impacto que una nueva reducción de personal podría tener en el funcionamiento de los organismos públicos.