Durante un operativo de fiscalización realizado este miércoles en Añatuya, la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), detectó un preocupante caso de trata de personas con fines de explotación laboral. En tres predios rurales dedicados a la producción de carbón vegetal, fueron halladas diez personas trabajando en condiciones sumamente precarias, entre ellas dos menores de 15 y 16 años.
Los trabajadores vivían en carpas improvisadas construidas con troncos, lonas y pallets de madera, directamente sobre la tierra. Carecían de servicios básicos como baño, y su descanso se limitaba a ese refugio rudimentario. Según relataron a los inspectores, su jornada laboral era extensa, con solo un día de descanso por semana o, en algunos casos, cuatro días libres tras veinte días de trabajo continuo.
A cambio de sus tareas, percibían sueldos de entre 150 mil y 200 mil pesos, de los cuales se les descontaba el costo de los alimentos provistos por el empleador. Esta práctica, sumada a las condiciones de vida y la presencia de menores, configura un cuadro alarmante de vulneración de derechos laborales y humanos.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección Regional Tucumán de la DGI, en coordinación con la Secretaría de Trabajo de Santiago del Estero y el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores). Las autoridades ya realizaron la correspondiente denuncia judicial y se avanza en la investigación para determinar las responsabilidades penales.