En el programa Mañana Fantástica, la abogada Claudia Pallares junto a la especialista en derecho del consumidor Dra. Paola Domínguez analizaron la situación actual de los planes de ahorro automotor y advirtieron sobre las dificultades que enfrentan miles de usuarios.
Domínguez explicó que el plan de ahorro funciona como una red contractual en la que intervienen múltiples partes, aunque el vínculo central es entre el consumidor y la administradora. En este esquema, el usuario firma un contrato de adhesión con cláusulas preestablecidas, generalmente extensas y con terminología técnica, lo que lo ubica en una posición de desventaja desde el inicio.
Estos planes, que suelen extenderse en 84 cuotas, permiten acceder a un vehículo a través de sorteos o licitaciones. Sin embargo, el valor de las cuotas se ajusta de acuerdo al precio del automóvil, lo que provoca incrementos constantes en contextos inflacionarios.
El principal conflicto se originó durante la crisis económica de 2019, cuando el aumento del valor de los vehículos volvió impagables las cuotas. Esto derivó en mora, rescisión de contratos y secuestro de unidades, generando una fuerte reacción de los ahorristas.
Ante esta situación, en Santiago del Estero se impulsó una acción colectiva que dio lugar a una medida cautelar que ordenó retrotraer el valor de las cuotas a abril de 2018, con ajustes basados en el índice del INDEC. Esta resolución permitió sostener los contratos vigentes y tiene alcance general para todos los consumidores en igual situación, hayan participado o no del proceso judicial.
No obstante, la especialista advirtió que la diferencia entre el valor real de la cuota y lo efectivamente abonado no fue eliminada, sino que se acumula al final del plan. Este mecanismo dio origen a lo que se conoce como la “cuota 85”.
Según detallaron, al momento de finalizar el plan o retirar el vehículo, los usuarios se encuentran con deudas millonarias que pueden oscilar entre los 12 y 18 millones de pesos, dependiendo del modelo y tipo de plan. A esto se suma la falta de información clara por parte de las administradoras sobre la composición de esos montos y la ausencia de alternativas de pago.
En este contexto, las especialistas remarcaron la necesidad de reforzar la protección de los consumidores y avanzar en mayor transparencia dentro del sistema de planes de ahorro.
Cláusulas de ajuste y aumentos
Las especialistas explicaron que los planes de ahorro incluyen cláusulas de ajuste previstas en los contratos, muchas veces en la denominada “letra chica”. Estos incrementos están autorizados y regulados por la Inspección General de Justicia, organismo que controla este tipo de sistemas.
En ese sentido, remarcaron que en un contexto inflacionario como el argentino, los aumentos son esperables. Sin embargo, advirtieron que el problema actual radica en la magnitud de esas subas, que en muchos casos no guardan relación con índices económicos como la inflación o el valor del dólar.
Intervención judicial y falta de transparencia
Frente a esta situación, indicaron que la intervención de la Justicia busca obligar a las administradoras a explicar cómo se conforman los montos exigidos. Esto incluye detallar el valor inicial del vehículo, su evolución, los intereses aplicados y los criterios utilizados.
Según señalaron, en muchos casos los valores finales carecen de parámetros claros, lo que genera incertidumbre y reclamos por parte de los consumidores.
¿Se pueden modificar las condiciones del contrato?
Las especialistas aclararon que, en general, las condiciones del contrato no se modifican una vez firmado, ya que todas las posibles situaciones están previstas en el documento original. Se trata de contratos preimpresos diseñados por las administradoras, lo que refuerza la posición dominante de estas frente al consumidor.
Recomendaciones antes de adherirse a un plan
Las especialistas insistieron en la importancia de informarse antes de suscribir un plan de ahorro. Recomendaron solicitar una copia del contrato con anticipación, leerlo detenidamente y no firmar sin comprender todas sus cláusulas.
También sugirieron consultar con un abogado, especialmente por la complejidad de la terminología jurídica, y analizar en detalle aspectos como descuentos, bonificaciones y condiciones de pago a lo largo del tiempo.
Advirtieron además sobre la necesidad de “hacer números” antes de tomar una decisión, teniendo en cuenta que se trata de compromisos a largo plazo, de seis o siete años, en los que pueden existir aumentos significativos.
Por último, remarcaron que es fundamental desconfiar de ofertas poco claras o promesas poco realistas, ya que se trata de contratos que pueden incluir cláusulas abusivas y generar complicaciones económicas a futuro.
