En diálogo con Mañana Fantástica, la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina, Mariela Pérez Cisneros, expresó una fuerte preocupación tras la aprobación en Diputados de la reforma a la Ley de Glaciares, que obtuvo media sanción con 137 votos a favor y 111 en contra.
Durante la entrevista, la referente advirtió que la modificación implica un cambio de fondo en el esquema de protección ambiental vigente, ya que ahora serán las provincias las que tendrán mayor injerencia para definir qué actividades podrán desarrollarse en zonas glaciares y periglaciares. “Estamos hablando de territorios que cumplen una función clave como reservas de agua dulce para todo el país”, remarcó.
Pérez Cisneros explicó que la normativa original se sustentaba en criterios científicos y en acuerdos internacionales que reconocían el valor estratégico de estos ecosistemas. En ese sentido, subrayó la importancia del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta para conocer la extensión y ubicación de estas áreas, y sostuvo que su preservación resulta fundamental. “Hoy está en juego son las reservas de agua dulce del país”.
Sin embargo, advirtió que con esta reforma “se abre la puerta a que cada provincia decida sobre la protección o explotación de estos territorios”, lo que, a su entender, podría derivar en una reducción de las áreas protegidas. “Existe el riesgo de que zonas que hoy están resguardadas pasen a ser consideradas explotables, especialmente para actividades como la minería”, indicó.
Al ser consultada sobre el impacto en el desarrollo, la titular de la APDH planteó la necesidad de revisar el concepto. “Hay que preguntarse qué entendemos por desarrollo y si ese desarrollo justifica un daño ambiental que, en muchos casos, puede ser irreversible”, afirmó.
Además, mencionó experiencias de provincias con actividad minera donde, según señaló, las promesas de crecimiento económico no se tradujeron en mejoras sostenidas para la población. “A corto plazo puede no percibirse el impacto, pero a largo plazo pueden generarse conflictos, incluso entre provincias, por el uso y acceso al agua”, alertó.
Finalmente, Pérez Cisneros insistió en que lo que está en juego “son bienes comunes de carácter estratégico”, y advirtió sobre posibles consecuencias interjurisdiccionales derivadas de decisiones locales que afecten el equilibrio ambiental y los recursos hídricos en distintas regiones del país.
