En una entrevista para el programa “Mañana Fantástica”, la presidenta de Azul TEA Santiago del Estero, Patricia Zirpolo, brindó su análisis y opinión sobre la discapacidad en emergencia en el país.
El pasado jueves, miles de personas se movilizaron en todo el país en el marco de la “Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad”, una propuesta impulsada por colectivos de personas con discapacidad, familiares, profesionales y prestadores de servicios. La movilización, que tuvo una fuerte repercusión en distintas provincias y que se repetirá cada semana, busca visibilizar el creciente abandono estatal y exigir respuestas urgentes.
La situación actual es alarmante. Las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno nacional están afectando gravemente el acceso a prestaciones esenciales como salud, educación, transporte, inclusión laboral, pensiones no contributivas y servicios básicos de acompañamiento. Las organizaciones advierten que el sistema está al borde del colapso y que miles de personas están siendo excluidas por no poder afrontar los costos que deberían estar garantizados por el Estado.
Patricia Zirpolo, explicó que la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue rechazada en la Cámara de Diputados, será presentada nuevamente ante el Senado. Según indicó, se trata de un proyecto que viene siendo trabajado desde hace tiempo, pero que cobra mayor urgencia ante el progresivo deterioro del sistema de apoyo y contención que este colectivo necesita.
La iniciativa apunta a garantizar el acceso real y equitativo a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, la movilidad, la protección social y la vida autónoma. Para ello, propone una serie de medidas urgentes y de fondo, entre las que se destacan:
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Actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, atados a un índice que combine inflación y evolución salarial.
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Alivio fiscal para prestadores, mediante condonación de intereses, refinanciación de deudas y facilidades de pago para instituciones que hoy están en riesgo de cierre.
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Aumento del presupuesto para la Agencia Nacional de Discapacidad, que permita sostener programas de inclusión, formación y atención médica.
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Rediseño de las pensiones no contributivas, eliminando el requisito de invalidez laboral y enfocándose en el derecho a la protección social sin restricciones económicas.
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Creación de un Consejo Consultivo, con participación activa de organizaciones de personas con discapacidad que controlen la aplicación de las políticas.
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Financiamiento efectivo de la Ley 26.816, para garantizar una mejora en los ingresos de trabajadores en talleres protegidos.
Zirpolo remarcó que esta propuesta no solo busca una mejora presupuestaria, sino un cambio estructural que permita recuperar condiciones básicas de vida digna para miles de personas que hoy ven vulnerados sus derechos. “Es urgente actuar. Lo que está en juego no es un privilegio, sino la posibilidad de vivir con autonomía, inclusión y equidad”.
Además, se refirió a la crítica situación de las prestaciones y beneficios estatales destinados a las personas con discapacidad:“Las pensiones no se están otorgando y sentimos que quieren exterminarnos. No hay voluntad de invertir en discapacidad; esa es la realidad que estamos atravesando. Para el gobierno, representamos un gasto del que buscan desligarse”, expresó con preocupación.