La discusión por la continuidad de la emergencia nacional en discapacidad vuelve a instalarse en el Congreso. Un proyecto propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, establecida originalmente por la Ley 27.793, cuyo vencimiento está previsto para fin de año.

En este contexto, Camila Toledo, fonaudióloga y referente del área de discapacidad en Santiago del Estero, analizó la situación del sector y explicó por qué considera necesario extender la vigencia de la emergencia.

Según sostuvo, la declaración de emergencia permitió establecer la obligatoriedad del Estado nacional de sostener el área de discapacidad, aunque cuestionó que durante los últimos años haya sido necesario recurrir reiteradamente a la Justicia para garantizar prestaciones y derechos.

“Lo que ha aportado la emergencia en discapacidad es la obligatoriedad del Estado Nacional de sostener el área”, afirmó Toledo, y agregó que “el área de discapacidad ha tenido que ingresar” al ámbito judicial “para sostener los tratamientos, para sostener las coberturas, para sostener el acceso a derechos de todos”.

La referente santiagueña también cuestionó la forma en que se implementó la normativa y señaló que la reglamentación dejó aspectos pendientes. “La ley sale a medias, no sale en totalidad. Hay muchos artículos de la ley que quedan sin reglamentar”, explicó.

Entre los puntos que, según indicó, fueron contemplados se encuentran el sistema de prestaciones básicas, el nomenclador, su actualización, las pensiones, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan acceder a un trabajo sin que esto implique necesariamente perder una pensión.

PRESTACIONES, PENSIONES Y UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Al referirse a la realidad que atraviesan actualmente las personas con discapacidad y sus familias, Toledo señaló que las pensiones están siendo otorgadas, aunque con demoras.

“Están saliendo las pensiones, eso sí es importante, están saliendo con demora, pero sí están saliendo”, indicó.

En ese sentido, explicó que la pensión no representa únicamente un ingreso económico, sino también una vía para acceder a una cobertura de salud. “La pensión te habilita, no solamente a tener un ingreso, sino además es la forma en la que el Estado te garantiza una cobertura de salud”, sostuvo.

Toledo señaló además que alrededor de 200.000 personas todavía están esperando una resolución y advirtió sobre el impacto que tiene la situación económica en las familias que deben afrontar tratamientos, medicación y controles médicos.

“Si hablamos de una pensión, estamos hablando de un ingreso del 70% de una jubilación mínima. Entonces no es mucho el aporte a esas personas para los gastos que tienen”, remarcó.

También hizo referencia a las dificultades relacionadas con la quita del plan remediar y además, Incluir Salud, al señalar que se dejaron de otorgar determinados elementos y productos, como pañales y leche, que resultan fundamentales para algunas personas con discapacidad.

PRESTADORES Y CENTROS, ENTRE DEUDAS Y RIESGO DE CIERRE

Otro de los puntos centrales de su análisis fue la situación de los prestadores de servicios de discapacidad.

Toledo explicó que existen prestadores particulares y centros que reciben prestaciones a través de organismos como Incluir Salud y PAMI, y aseguró que estos últimos son quienes más han sufrido el impacto de las demoras en los pagos.

“Los centros son los que más han sentido este ajuste”, afirmó.

En ese sentido, recordó que durante junio se produjo una nueva judicialización por las deudas acumuladas por PAMI e Incluir Salud. Según explicó, un amparo obligó a ambos organismos a regularizar los pagos debido a atrasos que habían llegado “hasta cinco meses”.

La situación llevó a numerosos centros a buscar alternativas para poder continuar funcionando. “Muchos centros han tenido que salir a la calle, a mostrarse, a mostrar cómo trabajan para sostenerse y hacer colectas o hacer ferias para poder sostenerse”, relató.

Y agregó que algunos establecimientos estuvieron “al borde del quiebre del cierre”, mientras que otros “han cerrado en el camino”.

“LA LEY DE EMERGENCIA ES UN PARCHE”

Para Toledo, la eventual prórroga de la emergencia puede resultar necesaria para evitar un agravamiento de la situación, pero no constituye una solución definitiva.

“Para resolver los problemas del sector hacen falta cambios estructurales más importantes”, sostuvo al ser consultada sobre si la emergencia permitió solucionar los problemas de fondo.

La referente recordó que anteriormente se había planteado la posibilidad de avanzar en una ley marco para discapacidad, y consideró que la emergencia funciona como una respuesta temporal frente a una problemática estructural.

“La ley de emergencia es un parche, es hablar de la emergencia de una situación crítica del sector vulnerable”, afirmó.

Finalmente, cuestionó que el área de discapacidad no ocupe un lugar prioritario dentro de las políticas públicas y dejó una definición contundente sobre la necesidad de visibilizar los reclamos del sector:

“Y tener que sostener la emergencia, como se está pidiendo ahora, implica que dentro de las políticas, discapacidad no está. Entonces, si no nos quieren ver, nos tenemos que mostrar”.

Toledo advirtió que, si la emergencia en discapacidad finaliza el 31 de diciembre de 2026, el sector volvería a atravesar un escenario de incertidumbre. “Volvemos a la incertidumbre de saber exactamente cómo nos vamos a manejar”, señaló, y recordó que durante 2025 hubo importantes dificultades para el área, entre ellas, períodos de congelamiento de aranceles y demoras en el acceso a Incluir Salud. “Hay muchos chicos esperando Incluir Salud de la obra social, que paga la especial y que te habilita a ingresar a un centro”, explicó. En ese sentido, remarcó que el sector atravesó ocho meses de congelamiento de aranceles, situación que, según sostuvo, representó “situaciones importantes de destrato con el área”.