En diálogo con “Mañana Fantástica”, la fonoaudióloga Camila Toledo, referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina y particularmente en Santiago del Estero, se expresó con dureza sobre el reciente escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Camila Toledo, recordó que los audios que destaparon la causa surgieron durante el debate en la Cámara de Diputados y tomaron relevancia hacia el viernes pasado, generando la convocatoria de una Asamblea Federal en carácter de emergencia.
“Esto va a generar volatilidad en la opinión pública y mucho enojo hacia las medidas del gobierno, que impactan principalmente en quienes no tienen un poder adquisitivo alto”, señaló Toledo. La especialista subrayó que, frente a la inflación, el encarecimiento de servicios y la suba de prepagas, la situación en ANDIS demuestra una falta de coherencia y de protección a los derechos de las personas con discapacidad.
Toledo destacó, además la unidad social que ha logrado la causa por la discapacidad en Argentina, resaltando que la sociedad exige que el Estado garantice los derechos de los más vulnerables y no permita que situaciones de corrupción queden impunes. Según la profesional, los audios que destaparon la causa, reflejan prácticas que no pueden ser ignoradas y que requieren de investigaciones claras y efectivas.
COMUNICADO
Desde la Campaña Federal por la Declaración de la Emergencia en Discapacidad, expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del Gobierno Nacional, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al Ministerio de Salud.
Es inadmisible que un organismo creado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad se haya transformado en un posible escenario de corrupción y enriquecimiento personal. Este escándalo se suma a un contexto de recortes brutales que han vulnerado derechos básicos: suspensión de prestaciones, freno en las pensiones, trabas en el otorgamiento del CUD y demoras en los pagos congelados a prestadores.
Mientras se ventilan tramas de coimas millonarias, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad con el pretexto de la austeridad. Esta contradicción desnuda la verdadera lógica de un modelo político que ajusta a quienes más necesitan apoyo, al mismo tiempo que habilita negocios espurios con fondos públicos. A esto se suman los discursos de odio, con los cuales elevan la vara de tolerancia al ajuste desmedido que se traduce en un genocidio por goteo.
Exigimos con urgencia:
-
Una investigación inmediata, transparente y pública que garantice sanciones a todos los responsables políticos y administrativos.
-
La conformación de una comisión investigadora en el Congreso que esclarezca los hechos y garantice control social.
-
La suspensión de las auditorías en curso, hasta tanto se aseguren mecanismos de transparencia y accesibilidad reales, que no funcionen como discurso de crueldad ni como herramienta de ajuste.
-
La restitución inmediata de las pensiones que fueron dadas de baja.
Que ninguna medida afecte a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores. Porque cada obstáculo burocrático se traduce en el freno concreto de apoyos vitales, pensiones, prestaciones y derechos esenciales.
Este escándalo reafirma la urgencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ya no hay excusas para vetar ni para seguir demorando su implementación.
Como lo venimos sosteniendo con coherencia y consistencia, seguiremos construyendo redes de acción colectiva para transitar esta crisis y defender la dignidad de nuestro sector. No vamos a naturalizar la corrupción ni el ajuste.
La defensa de los derechos de las personas con discapacidad es una causa ética, política y social que nos convoca a todos y todas.