Encontraron a la joven de 26 años ahorcada en una celda de una dependencia en Laprida en 2022. Solo una oficial será juzgada por abandono de persona, mientras que el resto de los policías imputados fueron sobreseídos.
El juicio por la muerte de Daiana Abregú, la joven de 26 años que murió ahorcada en una celda de la comisaría comunal de la localidad bonaerense de Laprida en 2022, fue reprogramado para el 30 de septiembre. Estaba previsto que empiece este lunes. La decisión surgió a pedido del abogado de la familia, Sergio Roldán, que atraviesa problemas de salud.
A tres años del hecho, el caso sigue dividido entre dos versiones. Para la Justicia y la defensa de los policías imputados fue un suicidio; mientras que la familia Abregú asegura que fue asesinada y hubo irregularidades graves en la investigación.
“Procesalmente, está todo para hacer el juicio, pero no estoy en condiciones de llevar adelante la representación legal. Necesito estar ahí para defender a la familia”, explicó Roldán a TN.
Roberto Arias, el papá de Daiana, remarcó: “Ojalá se haga justicia por mi hija. Cada día hay más muertos en comisarías y nadie hace nada”.
Las dudas sobre lo que pasó dentro de esa celda empezaron desde el primer momento. La médica policial que realizó la primera autopsia luego pidió licencia psiquiátrica y nunca declaró; y la familia denuncia que no se aplicó el protocolo correspondiente para muertes bajo custodia; y los informes oficiales cambiaron a medida que avanzaban las pericias.
La historia de una causa atravesada por irregularidades
El 5 de junio de 2022, durante una mañana helada en Laprida, Abregú caminaba sola por las calles después de salir de un boliche. Vestía una campera de jean, una remera blanca y zapatillas negras. La Policía de la provincia de Buenos Aires la detuvo acusándola de provocar disturbios en la vía pública y la trasladó a la comisaría comunal, un lugar que ya tenía denuncias y estaba inhabilitado para alojar personas por más de seis horas.
Esa noche, ella era la única detenida. Al mediodía, tres oficiales dijeron que la encontraron ahorcada con su propia campera. El entonces comisario, Marcelo Amaya, les informó a los padres que su hija se había suicidado. Pero no pudieron ver el cuerpo, porque una ambulancia la trasladó casi de inmediato a Azul para la primera autopsia.
El examen fue realizado por la Asesoría Pericial de Azul y avaló la hipótesis del suicidio. Fue cuestionada por la Comisión Provincial por la Memoria por no cumplir con los protocolos y por haber sido hecha por una médica de la Policía bonaerense. Esa perito nunca volvió a declarar.
Por el reclamo de la familia, el fiscal Ignacio Calonje ordenó una segunda autopsia en La Plata. Ese estudio detectó lesiones compatibles con autodefensa y signos de ahorcamiento por parte de terceros. Con ese resultado, el funcionario imputó a cinco policías por homicidio y encubrimiento.
Pero el caso dio otro giro cuando una tercera pericia, realizada por la Policía Federal, desacreditó la segunda autopsia y volvió a la hipótesis de suicidio. El informe describió a Abregú como una persona con “personalidad inestable” y problemas de consumo, y sostuvo que la joven pudo haber tenido una crisis nerviosa en el contexto de encierro.
El Cuerpo Forense de la Corte Suprema validó la hipótesis del suicidio y cerró la investigación contra cuatro de los cinco policías: Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel Di Bin, Juliana Zelaya, Vanesa Soledad Núñez y Leandro Esteban Fuhr. Solo la oficial Núñez, encargada de custodiarla, irá a juicio por abandono de persona.
Para el abogado de la familia, las irregularidades fueron determinantes. “Siempre voy a insistir en que la mataron. Nos jodieron con todas las pericias. La segunda autopsia fue 45 días después, con el cuerpo descompuesto. Para colmo, no se aplicó el Protocolo de Minnesota. Hubo un montaje casi perfecto por parte de la policía”, denunció Roldán.
