Estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y actuará como enlace para solucionar problemas entre jurisdicciones provinciales y nacionales al momento de perseguir al crimen organizado. Su titular será Nicolás Ramírez.
El Gobierno creó la Mesa de Articulación Judicial Contra el Narcotráfico (MAJUN), un espacio bajo la órbita del Ministerio de Justicia que actuará como “enlace interinstitucional” para “facilitar las problemáticas que se susciten entre las jurisdicciones federal y provincial en lo atinente a la persecución de los delitos” vinculados al crimen organizado y los estupefacientes. Su titular será Nicolás Ramírez.
Además, reconoce que “se han suscitado cuestiones de articulación entre la justicia federal y la provincial, por lo que se propone coordinar por parte de este Ministerio, el accionar de éstas, para facilitar las problemáticas que se originen entre las jurisdicciones”.
Ante esto, se crea la MAJUN, “un espacio de colaboración interinstitucional cuyo objetivo principal consiste en aunar esfuerzos y buscar soluciones concretas a los problemas que enfrentan, en el ámbito jurisdiccional, los organismos participantes en su lucha contra el narcotráfico”.
En la práctica, la mesa ya había mantenido algunos encuentros, que funcionaron como reuniones preparatorias en las que se delinearon los principales ejes de acción. Los encuentros habían sido dirigidos por el asesor del Ministerio de Justicia Nicolás Daniel Ramírez, quien fue designado como titular por la resolución de este miércoles.
El texto de la norma también convoca a participar de las reuniones de la mesa a “un representante de cada una de las Cámaras Federales de todo el país, un representante de la Procuración General de la Nación, un representante del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, un representante de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, un representante de la Unidad de Información Financiera y toda otra autoridad nacional o provincial que a criterio del Coordinador tenga injerencia en la materia”.
