Tras la difusión de su declaración jurada, Manuel Adorni quedó en el centro de una creciente tormenta política y judicial. Mientras la oposición impulsa una moción de censura y reclama debatir su continuidad en Diputados, la Justicia avanza con pedidos de información. Al mismo tiempo, sectores que hasta hace poco respaldaban al funcionario comenzaron a tomar distancia y las críticas también surgieron desde figuras cercanas al oficialismo.
Lejos de calmar las aguas, la presentación de su declaración jurada complicó aún más el panorama del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo que comenzó como una demora de más de 90 días para entregar los documentos se transformó en un escándalo que amenaza su continuidad en el cargo. El funcionario libertario se encuentra en una encrucijada judicial y política, señalado por sus contradicciones y acorralado por un arco político que, casi sin excepciones, le exige respuestas reales.
El frente judicial es, quizás, el más urgente. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a ARCA y a la Oficina Anticorrupción el envío “urgente” de la declaración jurada y sus rectificaciones. El objetivo es cotejar los documentos con las explicaciones públicas de Adorni, quien admitió haber “ahorrado en negro” y haber obtenido ganancias por u$s300.000 en Bitcoins, activos que omitió declarar en sus anteriores presentaciones.
Especialistas como el exjuez Guillermo Tiscornia advierten que la estrategia del funcionario de admitir la evasión para justificar su patrimonio agrava su situación judicial al crear una “suerte de telaraña de la cual difícilmente pueda salir”, ya que “quedó atrapado entre dos delitos”. La Justicia evalúa ahora si su capacidad de inversión en criptomonedas guarda relación con sus ingresos reales.
