En Santiago del Estero crece la preocupación por la suspensión preventiva de miles de pensiones por discapacidad. Según estimaciones iniciales, la medida podría alcanzar a más de 20.000 beneficiarios en toda la provincia, muchos de los cuales se enteraron al intentar cobrar su prestación.
El conflicto se originó a partir de una disposición de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que ordenó interrumpir temporalmente el pago a quienes no asistieron a las auditorías médicas obligatorias. Desde la delegación local de Anses señalaron que, en gran parte de los casos, la ausencia de los beneficiarios se debió a errores en las notificaciones enviadas por correo, provocados por datos domiciliarios desactualizados.
Fuentes del organismo aclararon que las suspensiones son preventivas y no implican la pérdida definitiva del beneficio. Los afectados deben presentarse en las oficinas correspondientes, donde recibirán asesoramiento para iniciar el trámite de reconsideración, que incluye la presentación de una nota manuscrita y documentación médica que respalde su situación.
En Termas de Río Hondo se registra uno de los puntos más críticos, con alrededor de 700 personas afectadas. Así lo señaló Ivana Ibáñez, trabajadora de la Dirección Municipal de Salud y Acción Social, quien expresó en redes sociales su indignación: “Sabemos que hay casos irregulares, pero las evaluaciones no se están realizando de forma justa, y personas que realmente lo necesitan están quedando sin cobrar”.
En la sede del Correo Argentino de la capital santiagueña, más de 500 avisos de suspensión de pensiones por discapacidad provocaron largas filas de personas que acudieron en busca de explicaciones, temiendo perder un ingreso esencial para su sustento.
Este procedimiento, que se puso en marcha a finales del año pasado con el traslado de las auditorías médicas a las oficinas de Anses en todo el país, enfrenta serias dificultades debido a deficiencias en el sistema de notificación. Desde distintos municipios del interior y agrupaciones sociales advierten sobre un creciente número de reclamos por fallas administrativas, falta de información clara y ausencia de acompañamiento estatal para los afectados.