La Cámara de Diputados sesionará este miércoles en una reunión especial con una agenda extensa que abarca cinco iniciativas: la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la reforma del sistema de Discapacidad, el endeudamiento familiar, el vandalismo rural y la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la Ley de Tierras

El proyecto llega a la Cámara baja con media sanción, luego de que la oposición peronista en el Senado le quitara el capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego y también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, ya que el artículo 154 del DNU 70/23 había sido derogado. Ahora, el Gobierno intenta reincorporar la Ley de Tierras durante el debate en Diputados, tras el rechazo social a la extranjerización y la amenaza opositora de voltear todo el DNU 70. Así, se ratificarían el límite del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, y el tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y zonas de frontera.

Lo que sobrevivió del texto original son los capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, con menos margen para que el Estado declare la utilidad pública de inmuebles, y la reforma de la ley de Desalojos, que apunta a acortar los plazos judiciales para recuperar propiedades usurpadas u ocupadas irregularmente. El dictamen de mayoría fijó un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante, siempre que esté debidamente acreditado, algo que el texto original no contemplaba. Para la oposición, atar el bien común al éxito comercial de una empresa desvirtúa la “función social de la propiedad”.

En los desalojos por usurpación, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble e intimar a su devolución en 72 horas si el propietario lo solicita y acredita su titularidad con prueba documental. En los casos por mora, los inquilinos tendrán al menos 10 días desde la intimación para regularizar su deuda antes de que se inicie la acción. Además, un protocolo de vulnerabilidad garantiza, en un máximo de 10 días, una alternativa habitacional transitoria con intervención del Ministerio Público Tutelar cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados.

El proyecto también modifica la ley “Pierri” para que accedan a la escritura de su vivienda única las familias con posesión pacífica demostrable durante los 10 años anteriores, y reconoce la “ocupación temporánea anormal”: 90 días, prorrogables una sola vez, ante emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales.

Discapacidad

El oficialismo tiene el dictamen cerrado, tras aceptar pedidos de Argentina Federal y el MID, por lo que no debería enfrentar mayores dificultades. La “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” retoma casi todos los beneficios de la ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad para convertirla en una norma de orden público y alcance permanente. La Libertad Avanza la presenta como una versión “superadora” frente a la propuesta opositora (Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica y Elijo Catamarca) de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Se mantiene la compatibilidad entre la pensión contributiva por discapacidad (70% del haber mínimo jubilatorio) y un empleo formal o monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. También continúan el nomenclador único, la actualización automática de aranceles según la movilidad jubilatoria y la cobertura básica del Plan Federal Incluir Salud. El presupuesto del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior. Se crea además un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, y se añadió una cláusula transitoria que exige un cronograma de pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con 30 días máximos para que el PEN reglamente.

La oposición defiende la prórroga porque la emergencia obliga a los jueces a resolver con mayor urgencia las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones impagas. Critica además que el proyecto oficial mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la de discapacidad, endurece los requisitos, delega en la reglamentación la evaluación y la compatibilidad con el trabajo, permite suspender pensiones por simple cruce de datos y no garantiza financiamiento ni el pago de la deuda con prestadores ni del atraso arancelario del 30,67%.

Endeudamiento familiar

El dictamen de mayoría, firmado por el oficialismo, el PRO y la UCR, apuesta a la información detallada sobre créditos para prevenir irregularidades, sin fijar tasas máximas ni planes de refinanciación para deudores críticos. Se titula “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores” y pone el foco en los créditos de corto plazo, los de tasas más altas. También prevé la precancelación de deudas, la trazabilidad de las obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo en bancos y plataformas.

La alternativa de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, la “ley de regularización y alivio financiero”, declara la emergencia por 180 días y propone refinanciar en al menos 12 cuotas las deudas con mora superior a 60 días y hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (hoy 3.265.010 pesos), con una cuota máxima del 30% de los ingresos. La adhesión sería voluntaria ante el propio acreedor y, si este la rechaza, intervendría el Banco Central. El texto limita la tasa según el Costo Financiero Total, con un plus sobre la TAMAR como ganancia moderada para los acreedores, condona el 100% de los intereses punitorios y acota los compensatorios. Incluye además capítulos sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.

Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

Hay un dictamen único, firmado por unanimidad, para crear el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS). La autora principal es Silvana Giudici (LLA), y la iniciativa responde a la tragedia sanitaria iniciada en abril de 2025, cuando el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo provocó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas. Diputados creó entonces una Comisión Especial Investigadora, cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos. El dictamen incorpora aportes de proyectos de Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria).

La norma exige trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los inyectables parenterales y sus materias primas, con registro digital en cada etapa (importación, producción y distribución) hasta la administración al paciente, asociada a su identificador clínico. Obliga a las instituciones de salud públicas y privadas a notificar de inmediato el uso de medicamentos de alto riesgo, los brotes infecciosos intrahospitalarios y los eventos adversos graves. Crea también un Protocolo de Eventos Críticos de Salud, que ante sospechas de contaminación obliga a avisar en simultáneo a Nación, provincias y ANMAT dentro de las 24 horas. El SNATECS, digital y obligatorio, funcionará bajo la órbita de la ANMAT y permitirá bloquear preventivamente los lotes sospechosos en un máximo de 6 horas. Se prevé un régimen sancionatorio para faltas graves, como falsear u omitir datos o incumplir inmovilizaciones, con multas elevadas, suspensiones, clausuras definitivas y decomiso. Su aplicación será federal, a través del COFESA.

Vandalismo rural

La iniciativa, impulsada por el PRO y respaldada por LLA, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales, propone incorporar el vandalismo rural al Código Penal, con penas de hasta 8 años de prisión por intrusiones en campos y ataques al sistema productivo agropecuario. El autor es el diputado Martín Ardohain (PRO). Quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien pueda excluirlo recibirá de un mes a un año de prisión. Quien destruya o dañe el ciclo productivo, el stock de materias primas, la infraestructura o los cultivos no cosechados, o los granos ya almacenados en parvas, silobolsas, tolvas u otros sitios, enfrentará de dos a ocho años de prisión y multas de hasta 12 veces el valor del daño.