El Gobierno nacional presentará este martes su postura sobre el financiamiento de las universidades públicas ante la Cámara de Diputados, en un escenario marcado por las diferencias con las instituciones educativas por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La reunión se desarrollará luego de la multitudinaria movilización realizada la semana pasada frente al Congreso, que culminó con graves incidentes entre efectivos de seguridad y manifestantes.

La exposición comenzará a las 10, en el marco de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, brindarán detalles sobre los recursos destinados al sistema educativo en el proyecto de Presupuesto 2027.

Uno de los principales ejes de la discusión será la asignación de fondos para las universidades nacionales. Mientras el Ejecutivo contempla destinar $7,3 billones al sector, las instituciones universitarias reclaman una partida cercana a los $11 billones para afrontar sus necesidades presupuestarias.

En este contexto, los representantes del Gobierno defenderán las decisiones adoptadas por la administración nacional y sostendrán que su accionar se ajusta a las leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera.

Álvarez argumentó, a través de sus redes sociales, que la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso establece gastos sin contemplar expresamente las partidas necesarias para cubrirlos. Para fundamentar esa posición, hizo referencia al artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria, que dispone que las normas que autoricen gastos deben especificar su financiamiento. De lo contrario, su aplicación queda suspendida hasta que se incorporen los recursos correspondientes al presupuesto nacional.

El funcionario también sostuvo que el Poder Ejecutivo promulgó la norma y suspendió su ejecución por la ausencia de fondos asignados. Además, aseguró que el Gobierno cumplió con la medida cautelar dictada en la causa judicial, que actualmente se encuentra apelada ante la Cámara.

LOS REQUISITOS QUE PREVÉ EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO

La propuesta oficial para 2027 establece nuevas exigencias de información para las universidades nacionales. Las instituciones deberán proporcionar al Ministerio de Capital Humano los datos necesarios para determinar la asignación, ejecución y evaluación de los recursos que reciben.

El proyecto contempla que, ante el incumplimiento de estas obligaciones, podrán interrumpirse las transferencias de fondos.

Asimismo, establece que los presupuestos, los registros de ejecución contable y presupuestaria, y las cuentas de inversión de cada universidad deberán detallar la distribución de los gastos en las áreas de educación y cultura, salud, y ciencia, tecnología e innovación.

En cuanto a los salarios, la iniciativa dispone que los aumentos correspondientes a 2027 se calcularán sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes en la liquidación de noviembre de 2026. Las excepciones estarán sujetas a las ampliaciones de planta que autorice el Ministerio de Capital Humano.

EL PRESUPUESTO EDUCATIVO TAMBIÉN PREVÉ RECORTES

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla recursos por $9,8 billones para el área educativa, aunque prevé reducciones en diferentes programas y partidas, entre ellos las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, la Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente.

En contrapartida, el Plan Nacional de Alfabetización tendrá una asignación de $773.000 millones, uno de los incrementos más destacados dentro del área.

Por otra parte, se mantendrá el mecanismo de distribución automática de fondos educativos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, destinados a cubrir gastos vinculados específicamente con la educación.

La presentación en Diputados se desarrollará en medio de un conflicto que mantiene enfrentados al Gobierno y al sector universitario, con diferencias sobre el financiamiento, los salarios y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las casas de estudio públicas.