La especialista explicó que la problemática debe abordarse de manera integral, ya que la discapacidad está estrechamente vinculada con múltiples áreas de la vida cotidiana. En ese sentido, advirtió que los recortes en programas sociales y sanitarios generan consecuencias directas sobre la calidad de vida de quienes dependen de esos recursos.
“Hay que entender que la discapacidad no es un área aislada, sino que está profundamente relacionada con otros sectores. La caída de programas como Remediar afecta a personas que no pueden afrontar el costo de sus medicamentos y eso repercute directamente en su bienestar. Lo mismo ocurre con la quita de subsidios al transporte: aunque el derecho al pasaje gratuito existe, en la práctica muchas veces se dificulta ejercerlo”, señaló.
Toledo sostuvo que las distintas medidas adoptadas terminan impactando de manera acumulativa sobre un sector particularmente vulnerable. Además, cuestionó los procesos de revisión de pensiones por discapacidad, al considerar que vuelven a poner en discusión la legitimidad de quienes acceden a ese beneficio.
“No se trata únicamente de una pensión. Lo que está en juego es el rol del Estado frente a personas que requieren acompañamiento y apoyo. Muchas familias deben reorganizar completamente su vida, reducir horas de trabajo o resignar ingresos para afrontar tratamientos, rehabilitaciones y cuidados permanentes. Todo esto genera un impacto económico y emocional muy importante”, afirmó.
Asimismo, indicó que en algunas provincias ya comenzaron a adoptarse medidas para atender la crisis que atraviesan los prestadores y las instituciones especializadas. “Hay una gran preocupación porque, si los centros cierran, muchas familias quedan sin contención ni espacios adecuados para la atención de sus hijos y familiares”, expresó.
En relación con Santiago del Estero, Toledo consideró necesario visibilizar y valorar el trabajo que realizan las instituciones y los profesionales del sector. “A veces parece que existe una disputa entre profesionales de la salud y el gobierno, pero en el medio están las personas con discapacidad, que son quienes más sufren las consecuencias cuando no encuentran respuestas. Hasta el momento no se han anunciado medidas concretas para abordar esta situación en la provincia”, advirtió.
Asimismo, la licenciada remarcó que las dificultades también se reflejan en el sistema sanitario. “El sistema de salud está colapsado y los tiempos de espera para acceder a consultas, tratamientos y prestaciones son cada vez mayores”.
Seguidamente, señaló que muchos profesionales realizan un importante esfuerzo para garantizar la continuidad de los tratamientos, brindando una especie de acompañamiento solidario o “beca” a pacientes que atraviesan situaciones económicas complejas y transitorias.
“En algunos casos se busca sostener el espacio terapéutico hasta que la persona pueda regularizar su situación, ya sea accediendo a una obra social, gestionando un monotributo o encontrando alguna alternativa de cobertura. Cuando eso no es posible, los profesionales seguiremos colaborando de manera voluntaria, ofreciendo orientación, recomendaciones y controles ”, explicó.
Sin embargo, advirtió que este tipo de acompañamiento no reemplaza un tratamiento formal. “No es lo mismo que formar parte de una cartilla de pacientes. En esos casos no existe la misma continuidad, ni el seguimiento individualizado y personalizado que requiere cada proceso terapéutico. Se trata de una ayuda valiosa, pero limitada frente a las necesidades reales de atención”, concluyó.
