La medida judicial frenó la intención oficial de redirigir fondos hacia capacitación laboral y doble escolaridad.
El Gobierno nacional decidió acatar la resolución judicial que ordena la continuidad del programa Volver al Trabajo, pero al mismo tiempo avanzará con una apelación para intentar revertir la medida cautelar.
El fallo fue dictado por el juez federal Adrián González Charvay, quien hizo lugar a un planteo contra la eliminación del plan y dispuso que el Ejecutivo mantenga su vigencia hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
En los hechos, la decisión obliga a sostener el esquema de asistencia que alcanza a más de 900 mil beneficiarios, con un ingreso mensual, pese a que el Ministerio de Capital Humano había proyectado redirigir esos recursos hacia políticas de formación laboral y ampliación de la jornada escolar.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que el programa había cumplido su plazo de vigencia y que se había convocado a los beneficiarios a sumarse a nuevas herramientas de capacitación orientadas a la inserción en el empleo formal.
Además, advirtieron que la decisión judicial impacta directamente en la planificación de políticas públicas, al impedir la implementación de iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno.
En el oficialismo interpretan el fallo como una intromisión del Poder Judicial en la definición de la política social, aunque remarcaron que cumplirán con la resolución mientras avanzan en la vía judicial para revertirla.
El conflicto se enmarca en el debate sobre el futuro de los programas sociales, entre la continuidad de la asistencia directa y la transición hacia esquemas centrados en el empleo y la educación.
Mientras tanto, el programa continuará vigente hasta que haya una definición judicial de fondo.
