En diálogo con el programa Mañana Fantástica, la abogada y licenciada en Gestión Educativa Dra. Rita Artaza analizó el proyecto de reforma de la Ley de Educación impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La iniciativa, conocida como Ley de Libertad Educativa, propone una reestructuración profunda del sistema vigente. El proyecto apunta a reducir la intervención del Estado, dar mayor protagonismo a las familias a través de mecanismos como vouchers y homeschooling y otorgar más autonomía a provincias e instituciones para definir contenidos y modalidades de contratación docente. Este enfoque generó un amplio debate nacional: mientras algunos sectores advierten riesgos de desigualdad y retrocesos en el acceso a la educación pública, otros consideran que permitirá ampliar la libertad de elección y mejorar la calidad mediante la competencia entre instituciones.
La Dra. Artaza explicó que esta ley forma parte del paquete de reformas presentadas en el Consejo de Mayo, y que busca articular el sistema educativo con las demandas del mercado laboral. En este sentido, comentó que se la conoce popularmente como “Ley Rocca”, en referencia a Paolo Rocca (Grupo Techint), debido al diálogo con empresarios para detectar necesidades del sector privado y orientar la formación hacia perfiles laborales demandados en el país.
Sostuvo que el proyecto plantea una mayor participación privada, pero aclaró que ello “no implica que el Estado se aparte de sus principios fundamentales en materia educativa”, sino que se promueva una diferenciación más clara entre escuelas de oficio y escuelas orientadas a la continuidad académica en carreras tradicionales como Medicina o Derecho.
Asimismo, aseguró que la ley “no se aparta de los principios constitucionales ni de los tratados internacionales suscritos por Argentina”, aunque sí introduce cambios importantes. Entre ellos, destacó el rol central de la familia, considerada como agente natural y primario de la educación. Artaza remarcó la necesidad de que los padres se involucren más activamente:
“No podemos delegar toda la educación en el sistema formal. Sin el acompañamiento familiar, falta un pilar esencial y eso se ve desde hace al menos diez años”.
La especialista precisó que la ley garantiza un núcleo básico de aprendizajes obligatorios, que el Estado debe asegurar de manera gratuita a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente del modelo educativo que elijan sus familias.
Uno de los aspectos positivos del proyecto, según Artaza, es su enfoque en la educación de alumnos con necesidades específicas. Señaló que actualmente existe un acompañamiento estatal “casi nulo” pese a la vigencia de la Ley de Discapacidad, lo que coloca a estos niños en una situación de profunda desigualdad. En ese sentido, valoró que el artículo 53 contemple la identificación temprana de dificultades y un abordaje más integral.
Finalmente, la Dra. Artaza subrayó la importancia de abrir el debate con responsabilidad:
“Estas discusiones deben darse con compromiso ético, poniendo por encima los ideales y no las ideologías. El fanatismo impide escuchar y comprender. La responsabilidad es de los legisladores, pero también de todos los actores del sistema educativo. Tenemos que preguntarnos: ¿qué tipo de educación queremos?”.