El Ejecutivo creó un nuevo Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en los Procesos Penales de Competencia Nacional y Federal y de Extinción de Dominio, para optimizar la gestión de bienes decomisados en procesos penales.
El Gobierno anunció la creación de un nuevo Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en los Procesos Penales de Competencia Nacional y Federal y de Extinción de Dominio, para optimizar la gestión de bienes decomisados en procesos penales.
La medida se implementó a través del Decreto 575/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y todo el Gabinete.
Según los considerandos de la norma, tiene como objetivo principal optimizar la gestión de estos activos, garantizando su trazabilidad y su destino para el fortalecimiento del sistema de justicia y la reparación de las víctimas.
Adicionalmente, se creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia. Este órgano colegiado tendrá la tarea de supervisar, evaluar y tomar decisiones relacionadas con la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de los bienes cautelados y recuperados.
De esta manera, esta tarea dejará de depender de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para quedar en manos de funcionarios de la cartera de Justicia.
El organismo podrá disponer del porcentaje correspondiente por enajenación, los aranceles que determine el organismo -los cuales no podrán superar el 5% del valor total-, y todo ingreso no previsto por parte de la gestión de la agencia.
Por otro lado, el régimen aprobado también alcanzó a la estructura de financiamiento institucional y desarrollo de actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Por último, la normativa dispuso que, en el caso de que se tratara de bienes ligados a delitos como la trata y explotación de personas y/o el lavado de activos, se asignarán los fondos directos a programas de asistencia para víctimas o a la lucha contra el narcotráfico.