Prometen menos burocracia, más velocidad en la regulación y sin pérdida de controles, aunque aclararon que “no implica un menoscabo en la protección de la salud de la población ni en la calidad y sanidad de los alimentos”.
En una nueva resolución en línea con el plan de “transformación del Estado”, el Gobierno de Javier Milei dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y modificó el Decreto N° 815/1999 para acelerar la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA), concentrando el poder regulatorio en organismos técnicos como ANMAT y SENASA.
El decreto 538/2025, publicado en el Boletín Oficial, elimina a la CONAL como órgano asesor y traslada esa responsabilidad a las áreas técnicas del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), bajo la órbita de la ANMAT, y al SENASA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Desde el Ejecutivo aseguran que la medida permitirá “reducir burocracia y acelerar decisiones basadas en evidencia científica”, y que no se perderán controles, sino que se reforzarán.
Según se informó oficialmente, se fortalecerá el uso de SIFEGA, la base única de datos del Sistema Nacional de Control de Alimentos, a cargo de la ANMAT, que será actualizada a diario por los organismos intervinientes. La digitalización permitirá, prometen, mejorar la trazabilidad, el monitoreo de infracciones y la vigilancia sanitaria permanente.
También se eliminan figuras que el Gobierno considera obsoletas, como las “cabinas sanitarias” en rutas —reemplazadas por controles digitales— y se reduce la carga administrativa para el sector. Todos los trámites regulatorios vinculados al CAA deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Uno de los aspectos más sensibles de la medida es la eliminación de un espacio de consulta multisectorial como era la CONAL, donde participaban representantes del Estado, el sector científico, la industria y las provincias. Ahora, las decisiones sobre qué se puede o no se puede comercializar como alimento se concentrarán en despachos técnicos, aunque el Gobierno asegura que se mantendrán instancias de “intercambio técnico con el sector privado”.
Las autoridades provinciales y de CABA continuarán participando del sistema a través del acceso a la base de datos, con capacidad de fiscalización en sus jurisdicciones y facultades para actuar frente a alertas sanitarias o productos en infracción.
