La investigación comenzó con la denuncia de una madre que alegaba que su hija había sufrido abusos sexuales por parte de compañeros de colegio. El examen médico forense reveló que las agresiones sexuales eran de larga data, lo que llevó a una investigación más profunda.
Durante una entrevista en Cámara Gesell, la niña, de 11 años al inicio de los abusos, reveló que también había sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. La situación se agravó con el descubrimiento de que la madre de la menor le proporcionaba anticonceptivos, complicidad que permitió que los abusos se prolongaran en el tiempo.
La gravedad de los hechos llevó a la jueza a dictar la prisión preventiva para el agresor, ordenando además que la menor reciba atención psicológica especializada para afrontar las consecuencias traumáticas de los abusos sufridos. La intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) fue dispuesta para garantizar la protección de la niña y asegurar su bienestar. El acusado permanecerá detenido mientras continúa la investigación. Este caso pone de manifiesto la importancia de la denuncia y la necesidad de una red de apoyo para las víctimas de abuso sexual infantil. La colaboración entre instituciones y la atención integral a la menor son cruciales para su recuperación y para prevenir futuros casos de violencia.