El Ejecutivo le respondió a la magistrada y se manifestó en apoyo a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina, que pidió que se revoque el fallo en contra de la Argentina por u$s16.100 millones.
El Gobierno se manifestó en apoyo a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina (representada por el abogado Fernando Irazu) ante la jueza Loretta Preska de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitando intervenir en el Caso Petersen, que investiga los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi, y pidió que se revoque el fallo en contra de la Argentina por u$s16.100 millones.
“Este Gobierno ha tenido que asumir la defensa del Estado Argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada. Frente a esta situación heredada, continuará haciendo todo lo que está a su alcance para buscar alternativas de solución que permitan, a pesar de la enorme dificultad que ello presenta, revertir la sentencia o mitigar su impacto”, añadieron en un comunicado difundido este martes.
“La República Argentina continuará haciendo uso de su derecho de legítima defensa y agotando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos”, concluye el texto. El martes vencía el plazo establecido por Prieska para responder en el marco de la condena a pagar a las firmas Burford y Eton Park para que se investigue a los involucrados en la nacionalización.
El abogado Fernando Irazu, representante de la fundación Republican Action for Argentina, aseguró en declaraciones a EFE que la jueza Preska emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.
“Las partes, incluyendo el Estado argentino y YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos”, aseguró Irazu.
Ahora, la decisión está en manos de la magistrada, y podría haber un giro favorable para el país en cuanto a la sentencia que obliga al Estado a pagar esa cifra millonaria al fondo estadounidense Burford por el modo en que fue estatizada YPF en 2008.