La Cámara Federal de San Martín rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa de José Luis Espert y dejó firme la validez de las medidas de prueba cuestionadas en la causa que investiga un presunto lavado de activos. Los magistrados consideraron que los argumentos de sus abogados no acreditaron una afectación concreta de las garantías constitucionales del dirigente.
La resolución, fechada el 15 de octubre y difundida en las últimas horas, confirmó la decisión del juez federal de San Isidro, quien ya había desestimado el pedido de la defensa. De esta manera, la investigación continuará su curso sin que se invaliden las actuaciones objetadas.
El expediente busca esclarecer el origen y el destino de una transferencia de 200.000 dólares que Espert habría recibido de una empresa guatemalteca vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Los investigadores intentan determinar las circunstancias de esa operación y establecer si los fondos tuvieron alguna relación con el financiamiento de actividades políticas del dirigente o si existió una maniobra ilícita.
Qué cuestionó la defensa de Espert
Entre los argumentos presentados, los abogados objetaron que la fiscalía hubiera dispuesto medidas de prueba después de la declaración indagatoria, recibido testimonios sin notificar previamente a la defensa y solicitado información sobre el patrimonio del dirigente y el de su esposa.
También cuestionaron la incorporación de informes de inteligencia reservados y el análisis forense de dispositivos electrónicos, al considerar que esas actuaciones no se habían realizado con la intervención que reclamaban.
Sin embargo, los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones entendieron que las medidas cuestionadas se encontraban dentro de las atribuciones legales del Ministerio Público Fiscal y que no se había demostrado una vulneración concreta del derecho de defensa.
En su resolución, los camaristas recordaron que la nulidad de un acto judicial constituye una medida excepcional y que no alcanza con señalar posibles defectos formales: es necesario demostrar un perjuicio efectivo que justifique invalidar las actuaciones.
El planteo por los testimonios sin notificación
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con declaraciones testimoniales que, según la defensa, se realizaron entre mayo y junio de 2026 en dependencias de la fiscalía sin que sus abogados fueran notificados previamente.
La representación de Espert sostuvo que esa situación le impidió interrogar a los testigos y controlar la producción de la prueba. También argumentó que los cambios en la representación legal no debían limitar los derechos procesales del imputado.
La Cámara rechazó ese argumento y señaló que la defensa no identificó con suficiente precisión todas las declaraciones que pretendía invalidar, ni detalló adecuadamente las fechas, los testigos y las actuaciones involucradas.
Además, los magistrados consideraron que esos testimonios podrían volver a recibirse durante el proceso, por lo que no se había acreditado un perjuicio irreparable que justificara declarar su nulidad.
En esa línea, el fallo sostuvo que la defensa no demostró de qué manera se vería afectado el ejercicio de los derechos de Espert, dado que aún podía solicitar la reiteración de las declaraciones para ejercer el control que consideraba necesario.
Con esta decisión, la Cámara Federal confirmó el rechazo del planteo defensivo y permitió que la investigación continúe con las medidas de prueba cuestionadas vigentes. La resolución no implica una definición sobre la responsabilidad penal de Espert, sino que se limita a resolver los planteos de nulidad presentados en el expediente.
