El Gobierno argentino presentó en París el nuevo Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que comenzará a admitir solicitudes durante el último trimestre de 2026 y que establece diferentes alternativas de aporte económico para quienes busquen acceder a la ciudadanía argentina bajo este régimen.

La presentación estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una actividad realizada en la Embajada Argentina en París, encabezada por el embajador Ian Sielecki, en el marco de la Argentina Week París, encuentro orientado a promover oportunidades de inversión en el país.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, el programa se integra al proceso de apertura internacional impulsado por la administración nacional y prevé mecanismos de control financiero, transparencia y evaluación de riesgos, siguiendo estándares vinculados con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el GAFI.

El esquema contempla dos alternativas para el solicitante principal. Una de ellas consiste en un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La segunda opción establece la posibilidad de suscribir un título público por US$800.000, diseñado específicamente para este programa.

La iniciativa también alcanza al grupo familiar. El cónyuge y los hijos podrán incorporarse al trámite bajo determinadas condiciones. Para los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, se establece un aporte de US$100.000, mientras que para los menores de 18 años el monto fijado es de US$25.000.

Con este esquema, una familia compuesta por un solicitante principal, su pareja y dos hijos menores podría acceder al régimen mediante aportes que alcanzarían los US$500.000.

El Gobierno señaló que las operaciones deberán efectuarse mediante el sistema financiero formal y estarán sujetas a controles destinados a verificar el origen y la trazabilidad del dinero, además de las normas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Según la comunicación oficial, los fondos tendrán como destino contribuir al fortalecimiento de la situación fiscal y financiera del Estado argentino.

La evaluación de los postulantes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de distintas dependencias estatales. Entre ellas figuran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

El proceso de análisis contemplará controles sobre la identidad del solicitante, el origen de los recursos, su situación patrimonial y financiera, los antecedentes penales y reputacionales, el riesgo asociado a su jurisdicción de procedencia y su historial migratorio.

Una vez finalizada esta instancia, la Agencia elaborará una recomendación que será remitida a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá la responsabilidad de resolver finalmente si cada solicitud es aprobada o rechazada.