El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, dictó el procesamiento de los productores agropecuarios Juan Rodolfo y Mario Caprioglio, junto con Mario Antonio García, acusados de trata de personas con fines de explotación laboral agravada.
La causa investiga la captación y sometimiento de 17 trabajadores rurales, entre ellos nueve menores de edad, provenientes de Villa Atamisqui, Santiago del Estero. Los tres hombres fueron imputados como presuntos coautores del delito, y el magistrado ordenó además un embargo preventivo de 20 millones de pesos sobre sus bienes.
El caso salió a la luz en 2022, tras una denuncia realizada a la línea 145, cuando un padre alertó que sus hijos, de 16 y 18 años, junto con un sobrino, habían sido llevados a una finca en Paso Viejo, departamento Cruz del Eje, para trabajar en la cosecha de papas.
Según la investigación, Mario Antonio García fue quien reclutó a las víctimas mediante promesas falsas de buen salario, vivienda digna y alimentación. Las familias, en situación de extrema vulnerabilidad, aceptaron la propuesta sin saber que serían sometidas a condiciones infrahumanas.
Al llegar al predio rural, los trabajadores fueron hacinados en una vivienda precaria, sin agua, con instalaciones eléctricas peligrosas y un único baño improvisado: una letrina sin techo y con una puerta de nailon.
Las jornadas de trabajo superaban las 14 horas diarias, sin ropa ni herramientas adecuadas. Al final del día, los peones dormían sobre colchones sucios en el suelo, sin sábanas ni abrigo.
A pesar de las pruebas reunidas, los tres acusados negaron las imputaciones en su contra. La Justicia continúa investigando las responsabilidades y el rol de cada uno en el caso de trata laboral más grave detectado en los últimos años en Córdoba.