Una investigación interna impulsada por la Jefatura de Policía destapó una presunta maniobra irregular dentro de la División Ciberseguridad, donde dos altos funcionarios habrían comercializado teléfonos celulares secuestrados en procedimientos judiciales. A raíz del avance de la causa, ambos efectivos solicitaron eximición de prisión.
De acuerdo a fuentes judiciales y policiales, las sospechas surgieron tras reiterados reclamos de personas que denunciaban que sus teléfonos, recuperados por la Policía, nunca les eran restituidos. Paralelamente, efectivos de la propia dependencia alertaron sobre la desaparición de dispositivos y señalaron que los superiores involucrados pedían no informar a los fiscales sobre ciertos secuestros.
Los principales apuntados son el subcomisario Ezequiel Guzmán, segundo jefe del área, y el oficial Nahuel Flekenstein Díaz, responsable de Sumarios. Ante la gravedad de las denuncias, Jefatura ordenó un trabajo de contrainteligencia, que permitió detectar el faltante de más de treinta teléfonos de alta gama, varios de ellos iPhone, sin registros formales ni cumplimiento de la cadena de custodia.
La causa quedó en manos de la fiscal Erika Leguizamón, coordinadora de la Unidad de Delitos Institucionales, junto al fiscal Nicolás Heredia. La investigación determinó que numerosos aparatos no contaban con actas, y que los procedimientos eran manipulados para ocultar resultados positivos, elevando informes incompletos o negativos.
Otro punto clave fue la detección de ventas de celulares a través de Facebook Marketplace, realizadas desde un perfil anónimo que solo dejaba un número de contacto. Las averiguaciones revelaron que ese número pertenecía a Lucía Coronel, esposa del subcomisario Guzmán, quien —según la causa— se encargaba de concretar las transacciones y recibir el dinero.
Además, se constató que la mujer utilizaba un teléfono denunciado como robado, perteneciente a un lote de 57 dispositivos sustraídos de un comercio llamado Tecnovak.
El 19 de noviembre, la fiscal Leguizamón encabezó una inspección ocular en la dependencia junto a personal de Jefatura y del área de Delitos Complejos. Tras ello, los dos sospechosos y el jefe del área, comisario Nicolás Paz, fueron puestos en disponibilidad preventiva y se designaron nuevas autoridades.
Pese al hermetismo del proceso, el panorama judicial sería adverso para los acusados, quienes a través de sus defensores solicitaron la eximición de prisión. La Justicia de Control y Garantías deberá resolver el planteo tras escuchar a la Fiscalía.
Información confidencial bajo la lupa
La investigación administrativa también reveló que el subcomisario Guzmán recibía personas ajenas a la dependencia en su oficina, encuentros que quedaron registrados por cámaras de seguridad. Según el sumario, durante esas reuniones habría brindado información confidencial, obtenida de bases de datos restringidas como RENAPER, Sicof y Riesgo Online, lo que agrava aún más su situación procesal.