En diálogo con Mañana Fantástica, las abogadas Claudia Pallares y Paola Domínguez explicaron la compleja situación generada por la empresa inmobiliaria y constructora Márquez y Asociados, denunciada por estafa y asociación ilícita tras incumplir gran parte de los contratos de vivienda llave en mano.

Según detallaron, el grupo económico, integrado por los hermanos Márquez y los hermanos Nieva operaba ofreciendo un servicio integral: desde la compra del terreno hasta la entrega final de la vivienda. Su propuesta resultaba atractiva para muchas familias santiagueñas, con modalidades de pago flexibles y facilidades de financiación que hicieron que miles confiaran sus ahorros y sueños de la casa propia a la empresa.
“Hasta ahora se han contabilizado alrededor de 30.000 contratos en el norte argentino, de los cuales solo se cumplieron cerca de 2.500”. Las abogadas señalaron que, aunque las primeras entregas se realizaron sin inconvenientes, a mediados de 2023 y 2024 las construcciones comenzaron a detenerse, con obras incompletas que iban del 50% al 80%, mientras los representantes de la empresa dejaban de responder.
El caso derivó en denuncias penales en Córdoba, a cargo del fiscal Enrique Gavier, y los principales responsables, los cuatro hermanos Márquez, los dos hermanos Nieva y otro contador involucrado se encuentran actualmente detenidos. Entre las irregularidades descubiertas, se encontraron inmuebles, campos, cuentas y hasta un edificio en Miami destinado a alquileres temporarios.
A pesar de la gravedad de la situación, las abogadas destacaron que existe una esperanza de recuperación de los fondos invertidos. El Juzgado Civil y Comercial 52 de Córdoba abrió un canal para que los damnificados puedan verificar sus créditos, lo que les permite incorporarse a la fila de acreedores y tener posibilidad de cobrar a medida que se liquiden los bienes de la empresa.
“Recomendamos a todas las familias damnificadas realizar la verificación de créditos, porque es la vía legal para recuperar su inversión”, concluyó Pallares, enfatizando que, aunque el daño ya está hecho, todavía hay un camino para que los afectados puedan recuperar parte de sus ahorros.
Ante esta situación se ha pasado al concurso preventivo de la empresa y se ha ido a su quiebra, debido a que no había manera de recuperar la gran cantidad de deudas acumuladas. La situación es compleja, ya que afecta a todo el norte argentino y a un número enorme de damnificados, además de bienes dispersos por todo el país. En Santiago del Estero, se estima diversos afectados no hay cifras exactas, ya que muchos todavía no han presentado reclamos, convencidos de que no podrán recuperar sus bienes. Los damnificados tienen tiempo hasta el 11 de noviembre de 2025 para presentar la documentación que respalde sus créditos, incluyendo contratos y comprobantes de pagos, a través de un sistema virtual. La verificación de créditos, que incluye capital e intereses, será analizada por el síndico, quien debe presentar su informe final en mayo de 2026, y la sentencia definitiva está programada para diciembre de 2026, respetando los plazos establecidos por el Poder Judicial de Córdoba.