La referente del área de Discapacidad, Camila Toledo, analizó el alcance de la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados al proyecto vinculado al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Durante una entrevista en Mañana Fantástica, explicó cuáles son los principales cambios incorporados a la iniciativa, qué aspectos generan expectativas y cuáles son los reclamos que todavía mantiene el colectivo.
Toledo consideró que el avance legislativo representa una señal de apertura al diálogo por parte de algunos sectores del oficialismo, aunque advirtió que todavía existen interrogantes importantes, especialmente en materia presupuestaria y de acceso efectivo a los servicios.
“Es la primera muestra de voluntad política desde el oficialismo, o una parte del oficialismo, en tratar el área”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que el resultado debe analizarse teniendo en cuenta tanto las modificaciones introducidas al proyecto original como las demandas que las organizaciones y personas con discapacidad vienen sosteniendo desde hace años.
Qué cambia con la iniciativa
Según explicó la referente, la propuesta mantiene medidas que ya habían sido incorporadas en la ley de emergencia en discapacidad. Entre ellas, mencionó la compatibilidad entre las pensiones y el trabajo, los requisitos para acceder a un empleo y la actualización mensual de los montos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Uno de los puntos que destacó es el mecanismo de financiamiento. Mientras que la normativa de emergencia dejaba en manos del Poder Ejecutivo la disponibilidad de los recursos, el nuevo texto contempla que el Tesoro aporte fondos si el presupuesto asignado resulta insuficiente.
Para Toledo, este cambio puede brindar cierta previsibilidad, aunque aclaró que la cuestión presupuestaria continúa siendo uno de los principales aspectos pendientes.
La referente también señaló que buena parte del texto aprobado retoma disposiciones de la ley de emergencia. Según indicó, aproximadamente el 75% del proyecto con media sanción está compuesto por contenidos de esa normativa.
El peso de las modificaciones y el respaldo legislativo
Durante la entrevista, Toledo sostuvo que las modificaciones introducidas al proyecto original fueron determinantes para alcanzar un respaldo amplio en la Cámara de Diputados, donde, según señaló, la iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos.
En ese sentido, explicó que el primer borrador había generado preocupación por el margen de decisión que otorgaba al Poder Ejecutivo sobre los recursos destinados al área. A partir de las observaciones y negociaciones parlamentarias, se incorporaron cambios que, a su entender, respondieron a parte de los reclamos del colectivo.
También destacó el papel de la movilización social y de las organizaciones que vienen reclamando el sostenimiento de las prestaciones y el financiamiento del sistema.
El presupuesto, uno de los principales puntos de preocupación
Pese al avance legislativo, Toledo advirtió que todavía existen aspectos que requieren especial atención. Entre ellos, mencionó el capítulo 6 del presupuesto, que, según su análisis, contempla modificaciones que podrían debilitar el sistema de prestaciones básicas y afectar su financiamiento.
La referente cuestionó que se presente la iniciativa como el paso definitivo de una emergencia hacia un régimen permanente de derechos. A su entender, el proyecto no introduce por sí solo las transformaciones estructurales necesarias para resolver las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad.
“Desfinanciar el área no es una opción”, expresó durante el diálogo, al referirse a la necesidad de garantizar los recursos para sostener las prestaciones.
Las desigualdades en el acceso a los servicios
Otro de los ejes centrales de su análisis fue la diferencia en el acceso a los tratamientos y apoyos según el lugar de residencia. Toledo puso como ejemplo la disponibilidad de profesionales de fonoaudiología en el interior provincial.
Según relató, a partir de intercambios con profesionales comenzaron a identificar zonas con atención disponible y otras que permanecen sin cobertura, particularmente en sectores del noreste de la provincia.
Para la referente, no alcanza con reconocer derechos en una norma si las personas no cuentan con profesionales, centros de atención o servicios cercanos a sus hogares. Por eso, planteó la necesidad de relevar dónde están las prestaciones, cuál es su calidad y qué regiones permanecen desatendidas.
También advirtió que no existe un panorama completo sobre la cantidad de personas con discapacidad en Argentina y que el Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque constituye una referencia, no representa necesariamente la totalidad de la población.
El desafío de la inclusión laboral
Toledo señaló que la inclusión laboral es otra de las cuestiones que necesitan respuestas concretas. Si bien el proyecto mantiene beneficios fiscales y subsidios destinados a empleadores que incorporen personas con discapacidad, consideró que todavía faltan datos sobre la cantidad de puestos de trabajo disponibles y los resultados de los convenios existentes.
En ese sentido, planteó interrogantes sobre cuántas personas con discapacidad trabajan en cada provincia, dónde se encuentran las oportunidades laborales y qué mecanismos permiten garantizar una inclusión efectiva.
Para la referente, una política integral debe ir más allá de los beneficios previstos en la legislación y avanzar en un diagnóstico concreto de la situación de las personas con discapacidad en todo el país.
La posibilidad de trabajar sin perder la pensión y el impacto en las familias
En relación con los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, Camila Toledo explicó que uno de los cambios incorporados contempla la posibilidad de compatibilizar el beneficio con un empleo, siempre que se respeten los límites de ingresos establecidos. Según detalló, el grupo familiar no debe superar el equivalente a dos haberes mínimos, vitales y móviles, mientras que la persona beneficiaria puede trabajar sin perder automáticamente la pensión.
La referente destacó la importancia de esta medida frente a la realidad económica de muchas familias, que deben afrontar gastos vinculados con tratamientos, rehabilitación e inclusión. En ese sentido, remarcó que las tareas de cuidado también tienen consecuencias directas sobre las posibilidades laborales de quienes acompañan a las personas con discapacidad.
Como ejemplo, mencionó una investigación propia titulada ¿Quién cuida a los que cuidan?, en la que participaron 170 familias. De acuerdo con los resultados que compartió, el 80% de las tareas de cuidado recae sobre las mujeres, principalmente las madres, mientras que el 70% de ese grupo tuvo que renunciar a su empleo o dejar de trabajar para atender esas responsabilidades.
Toledo señaló que esta realidad representa una dificultad adicional para los hogares, ya que el cuidado requiere tiempo y recursos, y muchas veces limita los ingresos familiares. Por eso, consideró que la pensión constituye un respaldo económico importante para afrontar las necesidades de atención, rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad, así como para acompañar a las familias que sostienen cotidianamente esos cuidados.
Una lucha que continúa
Al cierre de su análisis, Toledo remarcó que el avance parlamentario debe entenderse como parte de un proceso de reclamos que lleva años y no como una solución definitiva.
La media sanción incorpora cambios que, según explicó, ofrecen cierta previsibilidad en aspectos como las pensiones, la compatibilidad con el empleo y el financiamiento. Sin embargo, persisten desafíos vinculados al presupuesto, la distribución territorial de las prestaciones, la información estadística y las oportunidades laborales.
El desafío, concluyó su planteo, será convertir los compromisos legislativos en respuestas concretas para las personas con discapacidad y sus familias, garantizando que los derechos reconocidos puedan ejercerse efectivamente en todo el territorio.
