El Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que convirtió a la iniciativa en ley con un amplio respaldo parlamentario. La medida fue celebrada por organizaciones y referentes del sector, que la consideraron una reparación largamente esperada.
En diálogo con Mañana Fantástica, la fonoaudióloga Camila Toledo expresó que este desenlace representa un triunfo histórico, ya que después de 22 años se logró revertir un veto presidencial. Señaló que, aunque existía la suposición de que el Senado acompañaría la medida, la magnitud del respaldo sorprendió, con 63 votos afirmativos, 7 negativos y ninguna abstención.
Toledo resaltó que las exposiciones de los senadores fueron respetuosas y con un nivel de conocimiento que permitió dimensionar la problemática, aun en quienes no estaban vinculados directamente con la temática. Destacó especialmente la intervención del senador Fernando Salino, quien planteó que la discapacidad es un universo complejo y entramado con otras áreas como la cultura, desde donde también se pueden expresar necesidades y derechos.
Para la profesional, la sanción de esta ley marca un antes y un después en la lucha de un colectivo históricamente fragmentado pero que logró unirse para alcanzar un objetivo común. Subrayó que la discapacidad es difícil de comprender hasta que no atraviesa a las personas en su vida cotidiana, y que este paso legislativo refleja la capacidad de unidad de todo el sector.
Con la aprobación definitiva, la Ley de Emergencia en Discapacidad abre un nuevo capítulo en la agenda de políticas públicas, con la expectativa de garantizar derechos y dar respuesta a demandas urgentes que durante años estuvieron postergadas.
IMPACTO DE LA APROBACIÓN DE ESTA LEY EN EL SECTOR
“El rechazo del veto presidencial significa que el Senado ha decidido insistir en la aprobación de la ley, lo que implica que el gobierno deberá promulgarla ahora. Esto marca un límite al poder del presidente y demuestra la capacidad que tiene el Congreso para hacer frente a sus decisiones. Durante el primer mandato del presidente, el Congreso fue dialoguista y le brindó apoyo para llevar a cabo su plan económico, pero la división de poderes implica que nadie puede tomar decisiones que afecten a todos sin consenso. Ayer, con la presión de la población, el Congreso ejerció esa función de control”, sentenció Toledo.
Respecto al impacto de la ley en la vida de las personas con discapacidad, explicó que representa un verdadero respiro. Primero debe promulgarse y asignarse el presupuesto correspondiente; de lo contrario, la ley podría quedar en el papel, como ha ocurrido con otras normas. La ley establece plazos: 10 días para la promulgación y 30 días para la asignación de partidas. Toledo destacó que ya hubo advertencias de que, de no cumplirse esto, se iniciarían acciones legales: el senador Carambia anunció que impulsará un juicio político si el gobierno no asigna presupuesto y promulga la ley, respaldado por otras senadoras.
Actualmente, las terapias y servicios para personas con discapacidad se están reduciendo. Cada vez se trabaja menos a través del sistema de prestaciones, y algunos centros se encuentran al borde del cierre o realizan actividades mínimas para sostener su funcionamiento, como peñas o rifas de beneficios. Muchos centros, especialmente en Buenos Aires, han informado el recorte de servicios, lo que afecta directamente la educación y el desarrollo de los niños.
La SAIE, un servicio vinculado a la educación que provee docentes, maestras y acompañantes terapéuticos, depende de los centros terapéuticos para su funcionamiento. Al recortarse estos servicios, los chicos enfrentan dificultades educativas, ya que algunas escuelas no permiten el ingreso de niños sin acompañamiento especializado. Esto evidencia que la ley no solo protege a los prestadores de servicios, sino que también asegura el derecho de los niños a la educación.
Otro aspecto fundamental son los talleres protegidos y laborales. La ley establece un cupo laboral para personas con discapacidad que muchas veces no se cumple. No todas las personas adultas tienen acceso a un puesto de trabajo, y aquellos que participan en talleres protegidos reciben un sueldo aproximado de 28.000 pesos por una jornada de 4 horas. La ley contempla este aspecto, reconociendo la importancia del trabajo protegido como un derecho para las personas con discapacidad.
En resumen, esta normativa es muy concreta y detallada. Sus implicancias abarcan a los prestadores de servicios, a las familias y a las personas con discapacidad, garantizando derechos esenciales que impactan directamente en su vida cotidiana y en su desarrollo integral.