Según se explicó, la norma no establece una prohibición absoluta, sino que regula de manera específica la utilización de pantallas por parte de alumnos del nivel primario, tanto en establecimientos educativos de gestión pública como privada. La ley considera como pantallas a todo dispositivo electrónico que permita visualizar información e interactuar a través de datos, sonidos e imágenes.
En ese sentido, la legislación establece que los estudiantes del nivel primario deberán hacer un uso responsable de estos dispositivos, limitándolos exclusivamente a fines pedagógicos y siempre bajo requerimiento o autorización expresa del docente.
En cuanto a los alcances territoriales, Artaza señaló que en la provincia de Buenos Aires la normativa dispone que los dispositivos permanezcan guardados durante toda la jornada escolar en el nivel primario, incluyendo los recreos, mientras que en el nivel secundario su uso se encuentra restringido. Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la prohibición rige en secundaria durante el horario de clases y también alcanza a los docentes, mientras que el uso en los recreos queda sujeto al criterio de cada institución educativa.
La especialista remarcó que uno de los principales objetivos de esta medida es reducir la dependencia tecnológica y favorecer la socialización y el aprendizaje, en un contexto en el que se detectó que el 94% de los alumnos de secundaria lleva celular a la escuela, utilizándolo principalmente con fines recreativos y de entretenimiento.
De esta manera, el debate sobre el uso de pantallas en las aulas vuelve a instalarse en el centro de la agenda educativa, en medio de una creciente preocupación por el impacto que la tecnología puede tener en la concentración, la convivencia y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
