En diálogo con Mañana Fantástica, el abogado penalista Guillermo Ruiz Alvelda analizó la situación judicial de la santiagueña Agostina Páez en Brasil, donde enfrenta una causa por presunta injuria racial.
El letrado explicó que el proceso tuvo un giro clave:
“De las tres imputaciones, en la audiencia del día 24 habría subsistido por parte de la Fiscalía solamente una de injuria racial. Las otras dos habrían sido dejadas de lado”.
En ese sentido, detalló que la causa se encamina hacia una sanción económica. “Tiene aparentemente sanción económica de multa y luego resarcimiento a las víctimas”.
Ruiz Alvelda aclaró que aún no hay resolución definitiva y que el regreso al país no es inmediato:
“Agostina no puede volver antes del fallo del juez y el fallo del juez no va a emitirse dentro del plazo de ley”.
Además, remarcó que la decisión final está en manos del magistrado:
“El resultado del proceso es cuando el juez determine las condiciones del retorno argentino”.
Sobre la repercusión mediática del caso, el abogado sostuvo:
“ha sido tomado por el Estado brasileño evidentemente como un mensaje han tenido la habilidad de encontrar a una persona y a partir de ahí vienen todas las otras circunstancias que hemos visto”.
También cuestionó la exposición pública de la acusada:
“me parece que Agostina ha dejado prevalecer en su actitud su rol de influencer más que de abogada”.
Asimismo, advirtió que ciertas declaraciones podrían haber sido perjudiciales:
“han sido contraproducentes contra ella misma”.
En el tramo final de la entrevista, el especialista reflexionó sobre el impacto social del caso:
“yo creo que para los argentinos es un llamado de atención de que estas cosas no deben suceder ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ninguna parte. Así que por ese lado sí es un mensaje positivo cuyo costo lo paga Agustina con su cautiverio”.
Además, agregó: “es un mensaje de alerta de que cualquiera de los países que firmamos el Tratado contra la discriminación racial y demás tenemos que estar atentos de que estas cosas no deben suceder”.
El fallo judicial se conocería en un plazo estimado de entre 15 y 20 días, momento en el que se definirá la situación procesal y las condiciones de regreso de la joven a la Argentina.