La fonoaudióloga Camila Toledo, referente en el trabajo con personas con discapacidad, criticó en diálogo con Mañana Fantástica el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió que el Congreso debe mantener su compromiso con las personas más vulnerables. También anticipó movilizaciones a nivel nacional para exigir que se insista con la norma.
En una entrevista realizada este lunes , la fonoaudióloga Camila Toledo se refirió al veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya publicado en el Boletín Oficial. “Era un veto anunciado. Lo sabíamos. Por eso desde las asociaciones ya estamos trabajando en acciones de repudio”, expresó, al tiempo que confirmó una jornada nacional de protesta para este martes en plazas de todo el país.
La ley, aprobada previamente por amplia mayoría en Diputados, busca declarar la emergencia del sistema de atención a personas con discapacidad hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Apunta principalmente a resguardar las pensiones no contributivas y el sistema de prestaciones básicas como terapias, apoyos educativos, transporte y asistencia profesional.
Toledo recalcó que “no es una ley nueva, no propone reformas estructurales. Es un parche urgente para evitar el colapso del sistema, que ya viene fuertemente golpeado”. También señaló que la legislación “tiene fecha de caducidad y fue construida con consenso multipartidario y el aporte de familias, asociaciones y profesionales del sector”.
Consultada sobre la estrategia oficialista, la fonoaudióloga expresó que el Gobierno apuesta a que el Congreso no reúna los dos tercios necesarios para insistir con la ley, pero se mostró optimista: “Creemos que tenemos los votos. Faltan confirmar dos o tres diputados. Esperamos que mantengan lo que ellos mismos votaron. Si no lo hacen, el problema no es Milei, sino el Congreso, que no es capaz de sostener lo que construyó junto a la sociedad”.
Toledo también abordó la ofensiva discursiva contra las personas con discapacidad, en especial contra los beneficiarios de pensiones no contributivas. “El Gobierno instaló la idea de que hay fraude, que hay clientelismo, pero no hay datos oficiales que respalden eso. Se hicieron auditorías en varias provincias, incluida Santiago del Estero, pero no se publicaron resultados concretos. Solo hay habladurías”.
Además, remarcó que la ley proponía una actualización automática de las prestaciones, siguiendo los índices de inflación, algo que permitiría mejorar la previsibilidad para quienes brindan servicios: “Es una forma de evitar el colapso total del sistema y de garantizar continuidad en la atención. Hoy las instituciones están al límite”.
Finalmente, Toledo advirtió sobre las consecuencias concretas de la falta de esta legislación: “Ya se están definiendo con quiénes no se podrá seguir trabajando a partir de agosto. Y no es por falta de vocación, sino porque no hay recursos ni certezas para sostener el acompañamiento que estas personas necesitan”.