En diálogo con Mañana Fantástica, la fonoaudióloga Lic. Camila Toledo celebró la sanción de la ley de emergencia en discapacidad, aprobada en el Senado con 55 votos afirmativos y ninguno en contra (17 ausentes).
“Lo que ocurrió en el Senado era la respuesta esperada para una situación de extrema vulnerabilidad de una fracción de la población que viene muy golpeada desde hace bastante, pero que se agudizó en el último año y medio, cuando deliberadamente se dejaron de financiar programas de atención y protección en discapacidad”, señaló Toledo.
La profesional remarcó que la falta de actualización de prestaciones constituye una forma de desfinanciamiento que atenta contra los derechos consagrados en la Constitución Nacional. “Todos los argentinos somos iguales ante la ley. Si el Estado no puede garantizar el acceso a los tratamientos y prestaciones, no se está cumpliendo con ese derecho”, sostuvo.
Toledo lamentó que la problemática de la discapacidad se haya transformado en una disputa política partidaria, alejándose de su verdadera dimensión social. “Nada tiene que ver con banderas partidarias. Se trata de dar una respuesta a un porcentaje de la población que viene muy maltratado hace mucho tiempo”, concluyó.
Qué cambia con la nueva ley de emergencia en discapacidad
transparencia, actualización de aranceles y alivio fiscal para sostener el sistema
La reciente sanción de la ley de emergencia en discapacidad establece medidas clave para atender las demandas del sector y garantizar derechos largamente postergados. Entre los puntos centrales, se obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a implementar auditorías más transparentes y agilizar los trámites de aprobación de nuevas pensiones no contributivas (PNC). El objetivo es revertir la crítica situación que muestran los números: en los últimos 14 meses se recibieron más de 500.000 solicitudes, pero solo fueron aprobadas 586, apenas el 0,1% del total.
En materia económica, la normativa incorpora una actualización mensual de los aranceles para prestaciones básicas en discapacidad, ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida busca mejorar la remuneración de profesionales, terapistas y prestadores de servicios que hoy enfrentan atrasos en los pagos y deudas que ponen en riesgo su labor. Además, se contempla un plan de regularización fiscal para entidades prestadoras, con el fin de evitar el cierre de instituciones esenciales para la atención y rehabilitación de personas con discapacidad.
El impacto también alcanza a jubilaciones y pensiones: la ley dispone un aumento del 7,2% y la actualización mensual de un bono de $110.000, siguiendo la nueva fórmula de movilidad aprobada en el Congreso.
Sin embargo, persiste la incertidumbre política. El presidente Javier Milei advirtió sobre un posible veto a la ley, aunque el respaldo unánime en el Senado y la amplia mayoría en Diputados anticipan que, en caso de rechazo presidencial, podría ser ratificada.
En un escenario marcado por ajustes y recortes, la sanción de esta ley es vista por familias, prestadores y organizaciones como un logro crucial en la defensa de los derechos del colectivo de personas con discapacidad.