RÍO NEGRO: ADOLESCENTES ENFRENTARÁN A LA JUSTICIA TRAS CREAR FOTOS SEXUALES DE SUS COMPAÑERAS CON IA

La jueza estableció medidas cautelares y les ordenó asistir a un espacio terapéutico sobre masculinidades al considerar que existió “violencia de género digital”. Una de las familias recusó la medida, pero la Cámara de Apelaciones la confirmó.

La Cámara de Apelaciones de General Roca, en la provincia de Río Negro, confirmó la medida judicial contra un grupo de adolescentes que usó inteligencia artificial (IA) para crear fotos sexuales de sus compañeras y consideró probado que existió “violencia de género digital”.

El hecho había sido denunciado en agosto de este año ante la fiscalía de esa ciudad. Según informó el medio Río Negro, un grupo de jóvenes de entre 14 y 15 años, alumnos de un colegio secundario local, habían utilizado tecnología para adulterar fotos de sus compañeras y venderlas en redes sociales.

La jueza de Familia subrogante Ángela Sosa consideró que el caso constituye “violencia de género digital”, una modalidad incluida en la Ley Olimpia. En ese sentido, estableció la “prohibición de acercamiento a un radio de 200 metros” de la denunciante y ordenó que los acusados asistan a “un espacio psicoterapéutico” para “abordar cuestiones referidas a nuevas masculinidades y violencia de género”.

Esta medida fue apelada por la familia de uno de los jóvenes, que argumentó que la jueza vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, que el menor “fue estigmatizado con acusaciones falsas” y que la medida vulnera su derecho a la educación y actividades deportivas.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de General Roca rechazó este recurso y ratificó lo dispuesto por la jueza Sosa. En su fallo, sostuvo que los argumentos eran insuficientes y, si bien reconoció que se trata de un caso complejo porque ambas partes son menores de edad, hizo énfasis en la situación de vulnerabilidad de la denunciante.

De esta manera, el adolescente deberá cumplir con la prohibición de acercamiento y asistir a un espacio terapéutico. Además, las medidas judiciales deberán ser informadas a la institución educativa a la que asiste.