El oficialismo volvió a instalar el debate sobre la baja de edad de imputabilidad, pero el Congreso encara el inicio de las sesiones extraordinarias sin definiciones clave: no hay Cámara de inicio, ni proyecto cerrado, ni consenso garantizado.
El Gobierno volvió a poner en agenda la baja de la edad de imputabilidad al anunciar su incorporación al temario de las sesiones extraordinarias que comienzan este lunes 2 de febrero. Sin embargo, más allá del endurecimiento discursivo, el Congreso se prepara para un tratamiento atravesado por dudas e internas: no está claro en qué Cámara comenzará el debate ni qué proyecto se tomará como base.
El decreto 53/26, que amplía el temario de extraordinarias, contiene una definición tan amplia como estratégica. Allí no se menciona un proyecto en particular, sino “los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”, en plural. Esa redacción habilita al oficialismo a tomar iniciativas ya presentadas en cualquiera de las dos Cámaras o, incluso, a presentar un nuevo texto. La consecuencia inmediata es la indefinición: por ahora, nadie sabe por dónde arrancará la discusión.
La falta de certezas no es solo técnica; también expone tensiones dentro del propio oficialismo. Por un lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se consolidó como la principal impulsora de la baja de la edad de imputabilidad y como la voz más dura del Gobierno en esta materia. Esta semana confirmó en redes sociales que la intención oficial es reducirla de los 16 años actuales a los 13.
El problema es que ese objetivo choca con el antecedente más reciente del Congreso. En 2025, en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró dictaminar un proyecto que fijaba la edad en 14 años, luego de ceder en su postura inicial —que también proponía los 13— para alcanzar consensos con sectores dialoguistas. Ese dictamen nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario, pero dejó una huella política: mostró hasta dónde llegaba el acuerdo posible.
Ese trabajo fue encabezado por Laura Rodríguez Machado, diputada cercana a Bullrich, quien logró sumar apoyos de bloques “del medio” como Encuentro Federal y la Coalición Cívica, además de los aliados habituales del Gobierno. En la Casa Rosada saben que avanzar ahora con una propuesta más dura podría significar pasar por arriba ese antecedente y tensar un equilibrio que costó construir.
Del otro lado aparece el Senado. Allí el oficialismo tiene como principal prioridad la reforma laboral, un debate sensible y complejo que también es impulsado por Bullrich. Iniciar en esa Cámara el tratamiento del régimen penal juvenil implicaría recargar una agenda ya pesada y abrir múltiples frentes de conflicto al mismo tiempo. Por ahora, la definición sigue abierta.