Luego de la polémica generada por la decisión de dar de baja ese fideicomiso a fines de noviembre, el Ejecutivo determinó que, si bien mantiene la clausura, el dinero no pasará a libre disponibilidad del Tesoro.
Luego de la polémica generada por la decisión del Gobierno de cerrar un fondo fiduciario para la asistencia de víctimas de trata a fines de noviembre pasado, el Ejecutivo dio marcha atrás de forma parcial y determinó que, si bien mantiene la decisión de clausura, el dinero no pasará a libre disponibilidad del Tesoro.
Sin embargo, “en cuanto al cumplimiento de los fines de la Asistencia Directa a Víctimas de Trata –obligación que se mantiene incólume-, resulta esencial preservar la disponibilidad de los ingresos con origen en los decomisos aplicados en virtud de la ley 26.364 y sus modificaciones, y aquellos originados en causas de lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la norma mencionada, los que se encuentran en las cuentas que pertenecían al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata– Ley 26.364″.
Como consecuencia, el Gobierno decidió exceptuar al “Fondo Fiduciario Público denominado ‘Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364’ (en liquidación)”, de esa disponibilidad para el Tesoro. Sin embargo se mantiene la medida del cierre.
Por qué el Gobierno cerró el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
El 26 de noviembre, a través del Decreto 1048/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno dispuso el cierre de cinco fondos fiduciarios públicos.
Amparada por la Ley Bases, que habilitó al Poder Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”, se dieron de baja cinco fideicomisos bajo el argumento de que auditorías internas revelaron “incumplimiento de los objetivos”, “ausencia de controles confiables”, “administración costosa para el Estado” y “discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados”.
Entre ellos, el Fondo Fiduciario Público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364, destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.
El Gobierno justificó el cierre en base a un informe de la SIGEN que señala “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros”.