Un informe de Amnistía Internacional advirtió que el desfinanciamiento de políticas públicas, la falta de insumos y la desinformación amenazan los derechos sexuales y reproductivos. Se dispararon las consultas y pedidos de asesoramiento.
Las denuncias por barreras en el acceso al aborto legal aumentaron un 275% en el último año, según reportó Amnistía Internacional, como consecuencia del desfinanciamiento de políticas públicas, la desinformación y la falta de insumos por el ajuste que impulsó el gobierno de Javier Milei.
Entre 2024 y abril de 2025, la organización registró 280 consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, un aumento del 275% en comparación con 2023. Solo entre enero y abril de este año recibió 160 casos, lo que representa el 133% del total registrado durante 2024.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió a C5N que “no son casos aislados”: “Se repiten en distintas provincias y evidencian cómo la falta de insumos, el abandono del rol de rectoría de la política sanitaria por el Estado Nacional y las desigualdades estructurales están dejando a muchas personas fuera del acceso al aborto legal, seguro y gratuito”, afirmó.
Además, sostuvo que el análisis de las consultas recibidas muestra que “las barreras afectan con mayor fuerza a los sectores más vulnerables: mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar que viven en condiciones de pobreza, en zonas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos”.
Cuáles son las principales barreras en el acceso al aborto legal
El informe de Amnistía Internacional registró cinco barreras principales: falta de insumos médicos; falta de información sobre el derecho al aborto; existencia de consejerías que desinforman y pretenden disuadir a las mujeres de abortar; dilaciones o retardos injustificados, y malos tratos por parte del personal de salud.
El gobierno de Milei desfinanció y paralizó programas fundamentales para garantizar el acceso al aborto. Entre otras medidas, interrumpió la compra y distribución de misoprostol y mifepristona y desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA).
También redujo en un 81% la provisión de métodos anticonceptivos, preservativos y test de embarazo a las provincias. “Esta reducción drástica en el acceso a insumos básicos limita la autonomía reproductiva de las personas y agrava las desigualdades entre las provincias: hoy, el ejercicio de derechos fundamentales depende del lugar donde se vive”, señaló Belski.
“Algunas provincias, con más recursos, pudieron anticiparse y hacer compras propias, aunque en la mayoría de los casos esto no alcanza para suplir la ausencia del Estado nacional. Otras directamente informan haberse quedado sin stock, dejando sin respuesta a quienes necesitan acceder a una práctica que está garantizada por ley”, sostuvo.
Por otro lado, el 33,67% de las personas que se contactaron con Amnistía Internacional durante 2024 señalaron no saber cómo o dónde acceder a una interrupción del embarazo, lo que identifica a la falta de información como el impedimento más frecuente para ejercer este derecho.
En muchas provincias, la única fuente de información oficial es la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Dentro de las denuncias que recibió la organización, el 80% manifestó no haberse comunicado previamente con esa línea. Entre el 20% que sí lo intentó, un número significativo reportó no haber logrado comunicarse o haber recibido información inadecuada o confusa.
Los testimonios también dan cuenta de la proliferación de “centros de maternidades vulnerables”: espacios que se presentan como lugares de contención para mujeres embarazadas, pero en realidad operan como dispositivos de desinformación y disuasión para quienes quieren abortar y, en muchos casos, funcionan dentro de establecimientos públicos de salud.
Respecto a las demoras injustificadas en el acceso al aborto, el 18,37% de las personas que se comunicaron con Amnistía Internacional reportaron obstáculos en la asignación de turnos y/o en la entrega de medicación, y en el 62% de los casos no accedieron al derecho dentro del plazo legal estipulado en la Ley.
La ofensiva del Gobierno contra el aborto legal
Belski remarcó que las barreras en el acceso al aborto legal no son solo consecuencia de un ajuste presupuestario, sino de “un desmantelamiento deliberado y sistemático de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, impulsado desde una lógica claramente ideológica”.
“Bajo el argumento de un supuesto ‘ordenamiento del gasto’, el Gobierno nacional está desfinanciando programas clave, pero en realidad lo que hay es una ofensiva contra lo que denominan ‘ideología de género'”, afirmó la abogada, y subrayó que “se está erosionando al Estado desde adentro, debilitando su capacidad para garantizar derechos”.
Para Belski, esta ofensiva “forma parte de una tendencia global impulsada por sectores conservadores que buscan revertir avances conquistados por los feminismos”, instalan “discursos estigmatizantes” y difunden “desinformación, muchas veces a través de redes sociales o foros políticos internacionales”.
“Las declaraciones del presidente Milei, como cuando calificó al aborto como ‘asesinato agravado por el vínculo’ o lo definió como parte de una ‘agenda sangrienta’, no son solo opiniones: tienen un impacto real. Esos discursos desinforman, refuerzan el estigma, y generan miedo e incertidumbre tanto en quienes necesitan acceder al aborto como en quienes deben garantizarlo”, concluyó.