El psicólogo Carlos Díaz, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, volverá a declarar este jueves en el juicio por la muerte del astro argentino y la Fiscalía citó a Maximiliano Pomargo, cuñado del abogado Matías Morla y ex asistente personal del célebre futbolista.
Alegados al caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el especialista en adicciones comparecerá una vez más ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.
Se espera que el imputado responda preguntas de sus defensores Diego Olmedo y Hernán Guaita, por lo que no contestará interrogaciones de las demás partes.
Además, los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, convocaron a testificar a Maximiliano Pomargo, marido de Vanesa Morla, hermana del ex apoderado de los derechos de imagen del oriundo de Villa Fiorito.
Ante la consulta de NA, una fuente muy calificada de la investigación consignó que la declaración de Pomargo “no es tan relevante”: “Más o menos… Para mí son más importantes los peritos y los médicos en mi opinión”.
El ex asistente personal del ex entrenador de Racing, Deportivo Mandiyú, Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) y la Selección argentina convivió con el paciente en la vivienda del lote N.º45 del barrio cerrado San Andrés, partido bonaerense de Tigre, durante la internación domiciliaria que culminó con el deceso ocurrido el 25 de noviembre de 2020.
Gianinna Maradona había señalado en una entrevista con esta agencia que Pomargo, Morla y el abogado Víctor Stinfale deben ser juzgados por la muerte de su padre.
“Morla era el jefe de la banda y manejaba los hilos”, expresó una de las hijas de Claudia Villafañe.
El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y Díaz se encuentran sindicados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va desde los ocho a los 25 años de prisión.
En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, pero ese proceso está demorado por un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.
