El debate por el Presupuesto 2027 genera preocupación entre familias y profesionales vinculados al área de discapacidad, ante los posibles cambios planteados para el sistema de prestaciones básicas y su impacto en el acceso a tratamientos, terapias y servicios de apoyo.
En diálogo con Mañana Fantástica, Camila Toledo, referente del área de discapacidad en Santiago del Estero, explicó cuáles podrían ser las consecuencias de las modificaciones previstas y estuvo acompañada por María Eugenia Garay, mamá de Sofía, una mujer de 36 años con PCD, y Natalia Conchillo, fonoaudióloga y mamá de un adolescente con trastorno del espectro autista (TEA).
CAMILA TOLEDO: “EL NOMENCLADOR ES EL QUE PERMITE QUE TODAS LAS PERSONAS DEL PAÍS PUEDAN ACCEDER A LOS TRATAMIENTOS”
Toledo explicó que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla modificaciones que, según su interpretación, podrían afectar el funcionamiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
“Este año, en vez de derogar toda una ley, en una serie de cinco o seis artículos, busca no solamente desregular toda la ley de emergencia, sino también desregular el nomenclador de prestaciones básicas”, señaló.
La referente explicó que el nomenclador establece los valores de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad y permite unificar esos montos en todo el país.
“El nomenclador es el que permite que todas las personas del país puedan acceder a los tratamientos y el Estado unifica el monto de ese tratamiento. Estés en Jujuy o estés en Santa Cruz o estés en Buenos Aires, el Estado obliga a las coberturas de salud a pagar el mismo monto, el mismo valor de sesión”, sostuvo.
Según Toledo, si ese esquema se modifica, los prestadores podrían quedar obligados a negociar sus honorarios directamente con obras sociales y empresas de medicina prepaga.
“Si eso se deroga, atenta contra el principio de universalidad de los derechos de las personas con discapacidad, del acceso a tratamientos, y además deja a los prestadores a negociar con obras sociales y prepagas”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que podrían generarse diferencias en el acceso a las prestaciones dependiendo de la cobertura de salud de cada persona.
“No todas las obras sociales están en la misma condición que una prepaga y no todas las prepagas van a aceptar las condiciones o las necesidades de tratamiento que pueda llegar a tener una persona”, explicó.
MARÍA EUGENIA GARAY: “EL PROBLEMA SON LAS BARRERAS QUE NOS IMPONE EL ENTORNO”
Durante la entrevista también dio su testimonio María Eugenia Garay, mamá de Sofía, una mujer de 36 años con síndrome de Down.
Garay explicó que, a lo largo de los años, su familia debió atravesar diferentes dificultades para garantizar las necesidades de su hija, especialmente durante su etapa adulta.
“Mi hija se llama Sofía y tiene 36 años y realmente el problema está totalmente aceptado por nuestra pequeña familia. No es un problema para nosotros en realidad. El problema son las barreras que nos impone el entorno”, expresó.
La mujer señaló que una de las principales dificultades aparece cuando las personas con discapacidad dejan la etapa escolar.
“Ya no está escolarizada, entonces la dejan librada a su destino, al aislamiento. No aceptan que ella pueda seguir capacitándose, que pueda seguir desarrollando su vida social”, manifestó.
En ese contexto, destacó que su familia continúa trabajando para lograr la inclusión social de Sofía y garantizar que pueda continuar desarrollando actividades.
“Estamos luchando por eso, para insertarla en la sociedad, cosa que las obras sociales hasta cierta edad cubren y después no”, sostuvo.
Garay también expresó su preocupación por el contexto económico y por las modificaciones que podrían afectar al sistema de cobertura.
“Ahora se ha complicado por esta falta de empatía del gobierno hacia el colectivo de discapacidad”, afirmó, y relacionó esa situación con las dificultades financieras y el desfinanciamiento que, según señaló, atraviesa el sistema.
NATALIA CONTICCHIO: “NUESTROS HIJOS NO SON NÚMEROS”
Por su parte, Natalia Conchillo, fonoaudióloga y mamá de un adolescente con TEA, relató su experiencia familiar y profesional.
Contó que lleva aproximadamente 15 años de tratamientos junto a su hijo Valentín y que actualmente asiste a un centro terapéutico.
“Con Valentín tenemos 15 años prácticamente ya de un camino recorrido en terapias. Hemos manejado siempre, gracias a Dios, con la cobertura de la obra social y, cuando no se ha podido, en mi situación he podido acceder de manera particular”, explicó.
Según relató, actualmente la obra social cubre el tratamiento, pero existe preocupación por lo que podría ocurrir si se modifica el sistema de regulación de los valores.
“El centro tiene un monto estipulado de lo que serían sus valores y la obra social acepta eso hoy por hoy. Pero si se aprueba esa ley, ya pasarían a cobrar lo que ellos quisieran pagar”, señaló.
Además, advirtió que una eventual diferencia entre los valores establecidos por los centros terapéuticos y lo que las obras sociales estén dispuestas a pagar podría dificultar la continuidad de los tratamientos.
“Nuestros hijos quedan al azar, porque el sistema está preparado para los niños más pequeños. A medida que van creciendo, no está preparado ni los profesionales ni el sistema para recibirlos”, sostuvo.
La profesional remarcó además que existen pocas alternativas para los jóvenes y adultos que necesitan continuar con tratamientos y espacios de desarrollo.
“Son muy pocos lugares donde tienen posibilidad de seguir ellos aprendiendo y desarrollándose”, afirmó.
Y agregó: “Estamos hablando de números, pero nuestros hijos no son números. Nuestros hijos son seres humanos, son personas como todos nosotros. EL problema está en la sociedad, una sociedad que juega a ser incluida y no es real porque lo que hoy está pasando es una barrera dificil de derribar”.
CÓMO FUNCIONA ACTUALMENTE EL SISTEMA
Durante la entrevista, Camila Toledo explicó el funcionamiento del sistema de prestaciones para las personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Según detalló, ante un diagnóstico, las familias pueden tramitar el certificado, que permite acceder a una serie de prestaciones a través de las coberturas de salud.
“Este Certificado Único es la garantía que le da el Estado a las familias, a las personas, de poder acceder a tratamientos a través de las coberturas de las obras sociales”, explicó.
Toledo señaló que, a partir del CUD, se establece un plan de prestaciones de acuerdo con las necesidades de cada persona, que puede incluir fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, psicomotricidad y otras especialidades.
“Son ítems que están nomenclados, que están amparados según el sistema de prestaciones básicas”, indicó.
También explicó que el sistema contempla otras prestaciones para personas que necesitan centros de día, residencias o acompañamiento durante la escolaridad.
LA SITUACIÓN DE QUIENES NO TIENEN OBRA SOCIAL
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la situación de las personas que no cuentan con una cobertura de salud propia.
Toledo explicó que, en esos casos, el acceso puede darse a través de Incluir Salud, junto con la posibilidad de tramitar una pensión por discapacidad.
“Los que no tienen una cobertura de salud propia ingresan con el CUD a Incluir Salud, tramitando la pensión. Es un triángulo: el Estado te otorga una pensión por discapacidad y de esa pensión se cobra el propio Estado para otorgarte la obra social Incluir Salud”, explicó.
Según señaló, a través de este sistema una persona puede acceder a prestaciones como centros de día o apoyos para la escolaridad. Sin embargo, desde la regulación de la obra social han empezado ha poner más trabas, más altas, han quedado paradas. Cada vez que uno tiene que hacer un cambio o necesito determinadas terapias hay obras sociales que directamente te niegan otorgando solo cuatro terapias y si está en edad escolar la maestra de apoyo incluido”.
“Eso está en juego”, advirtió Toledo al referirse al impacto que podrían tener las modificaciones debatidas en torno al Presupuesto 2027.
PREOCUPACIÓN POR LOS CENTROS DE DÍA, HOGARES Y CENTROS DE REHABILITACIÓN
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el posible impacto de los cambios planteados sobre los centros de día, hogares, escuelas especiales, alojamientos terapéuticos y centros de rehabilitación.
Al ser consultadas sobre el escenario que podría generarse, las entrevistadas plantearon la posibilidad de que algunos establecimientos tengan dificultades para sostener su funcionamiento si los valores de las prestaciones no alcanzan para cubrir sus costos.
“Que desaparezcan los centros de rehabilitación porque no pueden mantener con el presupuesto”, señalaron al describir uno de los escenarios que genera preocupación dentro del sector.
También se refirieron específicamente al valor de las terapias y a la posibilidad de que las obras sociales y los prestadores deban negociar directamente los aranceles.
“En el caso de las terapias, tengas que negociar con el prestador el arancel que va a pagar la obra social, que en este momento es de 20 mil pesos la hora, pero quizás la obra social proponga 4 mil pesos, por ejemplo”, explicaron.
Según plantearon, una diferencia de ese tipo podría generar dificultades para sostener los tratamientos, ya que los profesionales podrían no aceptar determinados valores.
“Los terapeutas no aceptarían ese monto y nuestros chicos quedarían sin terapias”, advirtieron.
EL IMPACTO TAMBIÉN ALCANZARÍA A LOS PROFESIONALES
Natalia, desde su doble experiencia como fonoaudióloga y mamá, explicó que la situación también afecta directamente a los profesionales que trabajan en los centros terapéuticos o brindan prestaciones de manera independiente.
En ese sentido, señaló que una reducción de los valores que reciben los centros también repercutiría en los honorarios de los profesionales.
La discusión involucra tanto a las familias como a quienes trabajan en el sistema de discapacidad.
“Es un derecho que nos estamos quitando a todos, tanto al profesional como a nuestros hijos”, sostuvo.
“ES UN IDA Y VUELTA” ENTRE LAS FAMILIAS Y LOS PROFESIONALES
La profesional también describió una situación que, según su experiencia, suele presentarse entre las familias y los prestadores.
“Los papás que somos, generalmente cuando comenzamos en este camino, muchas veces, hasta que nos empapamos del tema, nos cuesta y muchas veces pensamos que lo que la obra social cubre es lo que corresponde y exigimos que se cumpla tal”, explicó.
Sin embargo, señaló que del otro lado se encuentra el profesional, que también debe afrontar sus propios costos.
“Por el otro lado está el profesional que dice: ‘La obra social me está pagando poco, no llego a cubrir’. Entonces es un ida y vuelta”, expresó.
En ese contexto, insistió en que cualquier modificación del sistema debe contemplar tanto las necesidades de las personas con discapacidad como las condiciones laborales y económicas de los profesionales que brindan las prestaciones.
“Es un derecho que nos están quitando a todos”, afirmó.
EL PEDIDO DE MAYOR CONCIENCIA SOBRE LA DISCAPACIDAD
Hacia el final de la entrevista, hizo hincapié en la necesidad de generar mayor conciencia social sobre las personas con discapacidad y sus familias.
“Lamentablemente se usa mucho y es una palabra que está tan trillada: es la empatía. Y vemos un poco que la empatía es algo que no está existiendo”, manifestó.
En esa línea, cuestionó que las familias y organizaciones tengan que explicar permanentemente las dificultades que atraviesan para que la sociedad comprenda sus necesidades.
“Si estamos en estas instancias en donde tenemos que salir a hablar de discapacidad para que la otra persona entienda lo que significa, porque vos podés tener o no un familiar y lo mismo poder sentir que el otro necesita”, sostuvo.
Y concluyó: “Eso habla de que sos un buen ser humano, más allá solamente de un cargo político”.
Camila Toledo señaló que, independientemente de las restricciones presupuestarias, actualmente uno de los principales reclamos del sector es la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según explicó, esta normativa ha permitido sostener los tratamientos y distintas prestaciones vinculadas al área de discapacidad.
La referente indicó que la ley no surgió únicamente a partir de una deuda que el Estado mantenía con los prestadores, sino que también estableció una serie de beneficios para las personas con discapacidad. Entre ellos, mencionó el cambio en la denominación de la pensión, que pasó de ser considerada “pensión por invalidez” a “pensión por discapacidad”, además de establecer su compatibilidad con el trabajo, siempre que la persona no supere determinados ingresos, equivalentes a dos salarios mínimos.
Toledo sostuvo que, con las modificaciones planteadas, esas medidas podrían retroceder. También se refirió a los cambios institucionales en el área de discapacidad y señaló que, tras la desaparición de ANDIS el área vuelve a depender de una subsecretaría dentro del Ministerio de Salud.
En este contexto, manifestó su preocupación por lo que considera un cambio en el modelo de abordaje de la discapacidad. Según expresó, actualmente se estaría avanzando hacia un modelo biomédico, en contraposición con el modelo social establecido en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Toledo recordó que Argentina ratificó dicha convención, otorgándole prioridad constitucional y asumiendo el compromiso de garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad mediante distintas herramientas legislativas.
Finalmente, sostuvo que las modificaciones que se encuentran en debate representan, desde su perspectiva, un retroceso en materia de derechos y afirmó que podrían significar “volver por lo menos veinte años atrás. Vamos a insistir es que la comision de discapacidadde dictamen este miércoles para que se pueda tratar en plenopara que se ´pueda tratar en cámara y tenga media sanción en diputados porque es lo que nos va a permitir continuar un año más trabajando en un ritmo que conocemos y está contemplado”.