En medio del conflicto por el presupuesto universitario, se filtró que desde el equipo del presidente Javier Milei analizan la posibilidad de traspasar la educación universitaria a las provincias.
El Gobierno avanza en uno de sus más ambiciosos proyectos: el traspaso de las universidades a las provincias. En medio del conflicto por el presupuesto universitario y tras el anuncio presidencial que vetará la Ley de Financiamiento Universitario, desde Casa Rosada evalúan que cada provincia asuma la responsabilidad de las universidades nacionales.
Según detalló el periodista Lautaro Maislin de C5N, la idea es transferirlas y “que sean las provincias las que definan si arancelan”. “Ellos eligen a sus autoridades, sus planes de estudios y los gastos como quieren, pero después, las facturas se las tiran a Nación”, expresó un miembro de la mesa chica del presidente Javier Milei.
La propuesta contempla que el Estado transfiera fondos mínimos a las provincias, dejando que cada distrito maneje el resto de los recursos. De esta manera, se abre la posibilidad de implementar un arancelamiento en las universidades, si la propuesta estatal se implementa, que generaría un cambio en la forma de financiamiento de estas instituciones.
De concretarse el proyecto, sería un gran revés para las finanzas de las provincias y podría perjudicar a gobernadores como Axel Kicillof y al Jefe de la Ciudad, Jorge Macri, quienes se verían obligados a asumir una carga financiera significativa.
La idea se contempla en medio de un conflicto presupuestario con las universidades que llegó a su punto más alto con el anuncio presidencial del veto a la Ley de Financiación Universitaria, votada por las dos Cámaras, que obliga al Ejecutivo a una actualización de las las partidas presupuestarias con el objetivo de cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión universitaria. Además, fija que cada dos meses el Gobierno debería actualizar por inflación los presupuestos de las entidades educativas.
“Reafirman que el veto es un hecho y que saldría después de la negociación de paritarias. La marcha es el 2, el veto tiene límite hasta el 3 para publicarse”, detalló Maislin, en un conflicto que no parece tener fin.
Una idea menemista que fracasó en los 90
El gobierno de Carlos Menem produjo profundas reformas en el sistema educativo en todos sus niveles. Iniciadas a principios de los 90, las más importantes se enmarcan en las leyes de: la Ley 24049 (Ley de Transferencia de Establecimientos), sancionada en 1991, y complementada por la Ley 24195 (Ley Federal de Educación) y de Educación Superior (1995), entre otras medidas constituyeron las medidas de descentralización educativa más importante ocurridos en la Argentina.
La transferencia de escuelas secundarias e institutos terciarios a las 24 provincias (las otras transferencias habían ocurrido durante el gobierno de Arturo Frondizi y las dictaduras de 1966 y 1976) se llevó a cabo sin ningún otorgamiento de presupuesto de la Nación a las jurisdicciones, lo que provocó numerosas críticas de diferentes sectores. Las jurisdicciones tuvieron que hacerse cargo material y administrativamente de las instituciones educativas de su territorio lo que generó desigualdad entre los sistemas provinciales en sus posibilidades de financiación y en el acceso a recursos por falta de financiamiento de Nación.
Por tal razón, el Ministerio de Educación comenzó a ser llamado un “ministerio sin escuelas”. La transferencia de las escuelas a las jurisdicciones implicó una notable multiplicación y fragmentación de los modelos educativos en el país y resaltó las desigualdades ya existentes en el sistema educativo nacional.
Respecto a las universidades nacionales fueron años conflictivos, no solamente por el escaso presupuesto sino también por la pretensión de recortar la autonomía universitaria a partir del llamado decreto 1111, por el que el Ministerio se constituía como tribunal de alzada frente a las decisiones de las universidades.