El Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) eliminó las normas que ponían tope a los precios y fijaban límites a los aumentos mensuales.
El Gobierno, a través del Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM), eliminó las normas que ponían tope a los precios y fijaban límites a los aumentos mensuales de las tarifas de internet, telefonía celular y cable. El pasado lunes las compañías habían obtenido un fallo favorable para dejar de ser consideradas servicio público.
El texto lleva la firma del interventor Juan Martín Ozores (consultor y ex empleado de Movistar) y los interventores adjuntos Patricia Roldán, abogada con 30 años de carrera en organismos estatales; y el ex director del ENACOM en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra.
La medida llega luego de que se dieran a conocer cifras de un estudio de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), que revelaron que el 67,5% de los hogares argentinos tomaron alguna medida para reducir el costo de su servicio de internet fijo en medio de la recesión. Además, el 65,3% de los hogares tomaron medidas para reducir el costo de su servicio de televisión paga.
Las empresas de telecomunicaciones ganaron la batalla judicial contra el DNU que las declaró servicio público
Un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este lunes una sentencia anterior de noviembre de 2023 que declaró la nulidad del Decreto 690/2020, que establecía que “los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia“.
La decisión de la Cámara llegó tras un planteo original de la empresa Telecom Argentina, que presta servicios de telefonía, cable y acceso a internet, en el que cuestionó la constitucionalidad del decreto y planteó que hasta su dictado podía “fijar libremente los precios”. Además, rechazó las restricciones que la categoría de “servicio público” le imponía a sus operaciones.
En su fallo, los jueces afirmaron que para declarar una actividad como un servicio público se requiere de una ley del Congreso.