El Gobierno oficializó la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en establecimientos penitenciarios, con el objetivo de prevenir, disuadir y neutralizar conductas vinculadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones “a fin de impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas que pongan en riesgo la seguridad pública”.
La medida se implementó a través de la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.
Cómo funciona el Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en cárceles
El mecanismo alcanza tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al aparato; el IMSI, asociado a la línea; y el número telefónico vinculado. Una vez identificados dentro de una cárcel, esos datos se remiten a las compañías de telefonía móvil, que quedan obligadas a bloquearlos.
La adhesión al programa será voluntaria para cada jurisdicción provincial, que además deberá asumir los costos de compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos de detección. La Subsecretaría de Articulación Federal quedó a cargo de gestionar el esquema con las provincias que decidan sumarse, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como única ventanilla para trasladar los pedidos de bloqueo a las empresas prestadoras. Esto implica que ninguna provincia podrá, por sí sola, ordenar la inhabilitación de una línea ante las telefónicas.
