La Cámara de Casación dejó firme el procesamiento del cabo de Gendarmería que lanzó el proyectil que impactó en la cabeza del fotógrafo. Mientras el caso se encamina al juicio oral, la querella insiste en que la investigación debe alcanzar a la cadena de mandos y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Al cumplirse un año de la represión que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo frente al Congreso, la causa judicial tuvo en los últimos días un avance clave: quedó firme el procesamiento del gendarme acusado de efectuar el disparo que le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida. Sin embargo, la familia del fotorreportero reclama avances sobre los responsables políticos del hecho.
El 3 de marzo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del cabo primero de la Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, señalado como quien disparó una granada de gas lacrimógeno durante la marcha en defensa de los jubilados del 12 de marzo de 2025. El proyectil impactó en la cabeza de Grillo y le produjo hematomas subdurales, fractura expuesta de cráneo y una herida contusa compleja en la zona frontal del rostro, lesiones que requirieron meses de recuperación y rehabilitación.
En la investigación se determinó que Guerrero efectuó al menos seis disparos con una pistola lanzagases en forma horizontal y apuntando hacia los manifestantes, una modalidad expresamente prohibida por los protocolos de uso de ese tipo de armamento. Uno de esos proyectiles fue el que golpeó al fotógrafo.
El gendarme está procesado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad, una imputación que quedó firme tras el fallo de Casación y que acerca el expediente a la etapa de juicio oral.
La querella, impulsada por la familia de Grillo, insiste además en ampliar la investigación hacia la cadena de mandos del operativo. Entre los nombres señalados aparecen los gendarmes Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, que estuvieron cerca de Guerrero durante el operativo y no intervinieron para impedir los disparos. En las imágenes del operativo se observa incluso que Kozak le marca hacia dónde apuntar y luego le da una palmada en el hombro tras el disparo.
También se pidió investigar al comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien se encontraba en la zona supervisando el despliegue de fuerzas; al jefe del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería, Néstor Germán López; y al alférez Gonzalo Gabriel Goulart, encargado de impartir órdenes a los dos gendarmes que ese día tenían asignadas pistolas lanzagases.
La querella también puso bajo la lupa al entonces director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni, quien estuvo en el lugar tras la llegada del SAME. Según el planteo presentado en la causa, pese a conocer la gravedad de lo ocurrido no dispuso detener el operativo.
En el plano político, la familia reclama que la investigación alcance a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien señalan como responsable del operativo y de haber ordenado cerrar la investigación administrativa interna contra el gendarme.