La causa judicial que investiga la muerte de una recién nacida en la ciudad de Quimilí sumó un nuevo acusado en las últimas horas. Se trata de Diego Chicote, médico que cumplía funciones de guardia en el Hospital Zonal al momento del hecho y que ahora deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia.
La medida fue dispuesta tras considerar que existen elementos e indicios suficientes que podrían vincular al profesional con presuntas irregularidades en la atención médica brindada a la madre de la bebé, Yesika Mejía Madera, durante las horas previas al parto.
La abogada querellante Ivana Sánchez sostuvo que uno de los principales cuestionamientos apunta a la demora en la derivación de la paciente hacia un centro de mayor complejidad en la Capital santiagueña. Según indicó, la mujer había ingresado al hospital con un cuadro delicado que requería atención inmediata y una cesárea de urgencia.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la querella, el centro de salud no contaba en ese momento con quirófano en funcionamiento ni con el área de maternidad habilitada, por lo que la derivación debía concretarse apenas la paciente llegó al hospital.
Sin embargo, la mujer habría permanecido varias horas esperando una ambulancia que también debía trasladar a otros pacientes, situación que, según la acusación, generó una demora considerable en la asistencia médica.
La investigación también señala que el traslado hacia la Capital se habría visto interrumpido en pleno viaje, ya que la ambulancia regresó para buscar a otras personas, complicando aún más el estado de salud de la embarazada.
Finalmente, la bebé nació por parto natural durante el trayecto, procedimiento que, de acuerdo con la hipótesis de la querella, no era el indicado para el cuadro que presentaba la madre y que habría derivado en el fallecimiento de la recién nacida.
En la causa también son investigados los médicos Carlos Abel Zárate y Maximiliano Chávez, sobre quienes la representación legal de la familia pidió que sean formalmente imputados por su presunta responsabilidad en la atención previa.
La querella sostiene además que estudios médicos realizados días antes ya advertían un riesgo de parto prematuro, motivo por el cual consideraban necesaria la internación inmediata de la paciente y la programación de una cesárea.
Cabe recordar que anteriormente también fueron imputadas una obstetra y una enfermera por su posible participación en los hechos que son materia de investigación.
