Un comerciante de Santiago del Estero denunció haber sido perjudicado en una supuesta maniobra inmobiliaria que podría involucrar a decenas de compradores y que tiene en la mira a un empresario del ámbito local.
La presentación fue realizada ante el Departamento de Delitos Económicos y quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de la Circunscripción Capital. En paralelo, también se promovieron actuaciones en el fuero civil.
El denunciante, Ramiro Germán Jugo, de 38 años, relató que a fines de 2019 comenzó las gestiones para adquirir un departamento en el edificio “José IV”, proyectado sobre calle La Plata al 600, en la ciudad de Santiago del Estero.
Según consta en la denuncia, el boleto de compraventa fue suscripto en agosto de 2021. El vendedor figuraba como Oscar Zambolín, quien actuaba en representación de Herminia Miculan, titular registral del terreno donde se desarrollaba el emprendimiento.
De acuerdo con el planteo judicial, el valor acordado fue de 3.600.000 pesos, suma que el comprador aseguró haber abonado en un lapso de seis meses. Indicó además que, a valores actuales, propiedades de similares características superarían ampliamente los 100.000 dólares.
Siempre según su versión, los pagos habrían sido percibidos por otras personas vinculadas al proyecto. La entrega del inmueble estaba prevista para diciembre de 2021, pero comenzaron a surgir demoras que fueron atribuidas al avance de obra y a cuestiones técnicas previas a la habilitación.
Con el correr del tiempo —sostuvo el comerciante— la construcción se habría paralizado y el contacto con los responsables se tornó cada vez más difícil. Incluso señaló que intentó obtener respuestas directas de la propietaria del terreno, quien habría negado conocer detalles sobre la comercialización denunciada.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que podrían existir alrededor de 30 compradores en una situación similar, lo que elevaría de manera considerable el perjuicio económico total.
La causa se instruye bajo la figura de presunta estafa inmobiliaria. Los investigadores intentan determinar el destino de los fondos abonados y establecer las responsabilidades correspondientes, mientras los denunciantes reclaman la restitución del dinero invertido o la entrega de las unidades comprometidas.