El gasto estatal destinado a jubilaciones y atención sanitaria de los adultos mayores continúa por encima de los niveles registrados en la década de 1980, pese al ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei. De acuerdo con un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), estas erogaciones representan un 73% más en relación con el Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el resto del gasto público se ubica apenas un 5% por encima de aquella referencia histórica.

El documento advierte que la evolución del gasto previsional y sanitario tiene una incidencia importante en las cuentas públicas. Además, señala que la falta de adaptación de los sistemas de cobertura para la vejez frente a los cambios demográficos puede limitar los recursos disponibles para otras áreas esenciales del Estado.

Para analizar esta tendencia, IDESA tomó como punto de partida el promedio de la década de 1980, al que asignó un índice de 100, y comparó la evolución del gasto destinado a jubilaciones y PAMI con el resto de las erogaciones estatales.

Los resultados muestran que, en 1995, el índice correspondiente a la cobertura de los adultos mayores ascendió a 163, mientras que el resto del gasto público descendió a 94. En 2017, el gasto previsional y sanitario alcanzó un máximo de 220 puntos, frente a los 137 registrados por las demás partidas presupuestarias.

En 2024, luego de las medidas de ajuste fiscal aplicadas durante el primer año de la gestión libertaria, ambos indicadores registraron una reducción. Sin embargo, la caída fue diferente: el gasto no vinculado a la vejez bajó a 105 puntos, mientras que las erogaciones destinadas a jubilaciones y PAMI se ubicaron en 173.

La falta de reformas estructurales, en el centro del debate

El informe también pone el foco en la ausencia de modificaciones profundas en el sistema previsional. Según la entidad, la última reforma estructural de relevancia se realizó en 1993. Desde entonces, distintos gobiernos recurrieron a mecanismos como la inflación y los cambios en las fórmulas de movilidad para contener el gasto previsional.

Para IDESA, estas estrategias no resuelven los problemas de fondo y terminan afectando el poder adquisitivo de los haberes. Por eso, considera necesario revisar el funcionamiento del sistema y adecuarlo a la evolución demográfica y a las condiciones económicas del país.

En relación con la cobertura sanitaria, el estudio sostiene que el PAMI, creado en 1971, tampoco habría sido actualizado de manera integral para responder a las nuevas necesidades de la población mayor. De acuerdo con el análisis, las limitaciones de cobertura repercuten también en los hospitales públicos provinciales, que deben afrontar parte de la demanda de atención.

La entidad, además, cuestiona la idea de que una recuperación económica o una futura reforma laboral sean suficientes para solucionar las dificultades financieras del sistema. Su planteo es que postergar los cambios necesarios puede profundizar los desequilibrios.

Las propuestas para reformar el sistema

Frente a este escenario, IDESA propone tres líneas de acción para mejorar la sustentabilidad previsional y sanitaria:

  • Modificar el cálculo de las jubilaciones: implementar cuentas nocionales que contemplen los aportes realizados durante la vida laboral y la expectativa de vida al momento del retiro.
  • Revisar las pensiones derivadas: transformar esta cobertura en una alternativa voluntaria, financiada mediante un aporte específico.
  • Reorganizar la atención sanitaria: permitir que los trabajadores mantengan su obra social al jubilarse y adecuar el Programa Médico Obligatorio (PMO) a los recursos efectivamente disponibles.

El informe concluye que el desafío no consiste únicamente en reducir el gasto público, sino también en revisar la estructura de las prestaciones destinadas a los adultos mayores para responder a los cambios demográficos y evitar que su financiamiento limite otras funciones del Estado.